Respira
Por Desiré Navarro
Hay iniciativas que, por el tema que abordan, parecen incuestionables desde el título. ¿Quién podría oponerse a una ley que promete prevenir, investigar y sancionar mejor el feminicidio? El problema, como casi siempre ocurre al legislar, está en la letra pequeña. Las organizaciones feministas agrupadas en TodasMx, firmantes de un posicionamiento sobre la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, advierten que, pese a presentarse como un avance, la propuesta enviada por el Ejecutivo federal contiene riesgos graves que podrían debilitar conquistas legales alcanzadas durante décadas de lucha. Su principal señalamiento es que la iniciativa no garantiza mayor acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia feminicida; por el contrario, abre resquicios de impunidad que el movimiento feminista ha intentado cerrar por más de quince años.
Uno de los cuestionamientos centrales está en la propia definición de “mujer” incluida en el artículo 6, que la describe como “toda persona que se identifique como mujer”. Las organizaciones sostienen que esta formulación contradice instrumentos internacionales como la CEDAW, así como la legislación mexicana vigente, al desplazar el fundamento sexista del feminicidio y sustituirlo por un criterio de autoadscripción que, además de ser jurídicamente circular, complicaría la investigación penal y la acreditación del delito.
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