Respira
Por María Emilia Molina de la Puente*
La Secretaría de Educación Pública de México decidió adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio. La razón de fondo no es pedagógica ni académica. Es el Mundial de fútbol. Y aunque la medida se presenta como un simple ajuste administrativo -casi festivo, incluso-, lo cierto es que revela, una vez más, cómo se toman decisiones públicas en este país: sin mirar a quién afecta realmente.
Porque mientras el país se prepara para el espectáculo global, para los estadios llenos, las pantallas encendidas y la narrativa nacionalista de la fiesta futbolera, millones de mujeres ya están haciendo cuentas. No de goles, sino de tiempo. De logística. De cansancio.
Alguien tendrá que hacerse cargo de esas semanas adicionales sin escuela.
Y ese “alguien”, en México, tiene género.
Desde hace décadas sabemos -y fingimos no saber- que el sistema de cuidados descansa casi por completo sobre las mujeres. Son ellas quienes reorganizan su vida cuando el Estado mueve una pieza: cuando cierran las escuelas, cuando no hay guarderías, cuando fallan los servicios, cuando la política pública se diseña desde un escritorio sin mirar la vida real. Son ellas quienes ajustan horarios, piden permisos, trabajan de más, duermen menos y sostienen emocionalmente a sus familias.
Ahora tendrán que hacerlo durante más tiempo.
Porque alguien tendrá que cuidar, alimentar, acompañar, supervisar, entretener y contener a millones de niñas y niños durante esas semanas adicionales. Y lo hará, en la enorme mayoría de los casos, una mujer: madre, abuela, hermana, tía o trabajadora del hogar.
El Estado no lo dice. Pero lo asume.
Ese es el verdadero marcador del Mundial en México: no el de los goles, sino el de la desigualdad.
Y hay algo simbólico en que esta decisión esté vinculada precisamente al fútbol. No por el deporte en sí -que emociona, une y también puede ser un espacio legítimo de disfrute colectivo-, sino por lo que representa culturalmente: un universo históricamente masculino, atravesado por el consumo, el ocio, el ritual público y, no pocas veces, por el alcohol.
Mientras millones de hombres tendrán más tiempo para ver partidos, reunirse, celebrar o simplemente desconectarse, millones de mujeres enfrentarán una carga intensificada de trabajo invisible. Es la vieja división sexual del tiempo: ellos acceden al espectáculo; ellas garantizan que el mundo siga funcionando mientras tanto.
Pero este no es solo un tema de mujeres. Es también un tema de infancias.
Porque en medio de esta decisión hay millones de niñas, niños y adolescentes que simplemente desaparecen del análisis público. Se habla de calendarios, de logística, de eventos internacionales. Pero no se habla de ellos. No se pregunta en qué condiciones vivirán ese tiempo fuera de la escuela. No se evalúa el impacto diferenciado que tendrá en sus vidas.
Y eso es grave.
Porque no todas las infancias son iguales. Para algunas, esas semanas adicionales significarán descanso, viajes, actividades recreativas. Para otras -millones- significarán quedarse solas en casa, depender de redes precarias de cuidado, enfrentar riesgos, perder acceso a espacios de protección o incluso a alimentación. En muchos casos, significará también asumir tareas domésticas desde edades tempranas, cuidar a hermanos menores o integrarse a dinámicas familiares que reproducen desigualdades de género desde la infancia.
La escuela no es solo un lugar de aprendizaje. Es un espacio de seguridad, de socialización, de contención. Para muchas niñas y niños, es el único entorno relativamente estable en medio de contextos complejos. También es, en no pocos casos, un espacio donde se detectan violencias, donde hay adultos que observan, escuchan y pueden intervenir.
Quitar semanas de escuela sin ofrecer alternativas públicas es, en los hechos, dejar a las infancias a su suerte.
Y en un país atravesado por la desigualdad, eso nunca es neutro.
Además, hay una dimensión silenciosa que rara vez se nombra: el impacto en la autonomía de las mujeres. Cada ajuste en el sistema de cuidados tiene efectos directos en su participación laboral, en sus ingresos, en su posibilidad de crecimiento profesional. Muchas tendrán que pedir permisos, reducir jornadas, rechazar oportunidades o simplemente trabajar en condiciones de mayor agotamiento. Es una cadena de decisiones pequeñas que, acumuladas, reproducen desigualdad estructural.
Pero hay algo todavía más preocupante: la manera en que esta decisión vuelve a ignorar el contexto de violencia intrafamiliar en el que viven millones de mujeres, niñas y niños en México.
Durante el confinamiento por COVID-19 se documentó con claridad el incremento de las violencias dentro de los hogares. No fue un fenómeno aislado: fue estructural. La combinación de encierro, estrés económico, consumo de alcohol y ausencia de redes externas generó un entorno particularmente riesgoso. Y quienes quedaron atrapadas en ese espacio fueron, en muchos casos, mujeres y niñas sin posibilidad de salir, denunciar o pedir ayuda.
Hoy, aunque el contexto es distinto, la lógica se repite parcialmente: más tiempo en casa, más carga emocional, más presión económica, más consumo vinculado a un evento masivo como el Mundial.
Y, sin embargo, el Estado sigue sin integrar esta variable en su toma de decisiones.
No hay estrategias específicas para prevenir violencias en este tipo de contextos. No hay campañas focalizadas. No hay mecanismos de monitoreo o respuesta rápida. No hay fortalecimiento real de refugios o líneas de atención. Se actúa como si ampliar el tiempo de convivencia familiar fuera, por sí mismo, algo positivo, ignorando que para muchas personas el hogar no es un espacio seguro.
Esta omisión no es menor. Es una forma de negligencia estructural.
A ello se suma otro problema igualmente grave: la falta de planeación educativa.
El Mundial no es un evento sorpresivo. Se sabe desde hace años cuándo ocurrirá, dónde se jugará y qué implicaciones logísticas tendrá. No hay justificación para decisiones improvisadas.
Y, sin embargo, eso es exactamente lo que parece: una medida tomada a última hora, sin diseño integral, sin consulta, sin previsión.
La “justificación” de las altas temperaturas resulta, además, francamente absurda. México ha tenido veranos calurosos siempre, con diferencias marcadas en distintas regiones del país. El cambio climático agrava el problema, sí, pero eso exige políticas estructurales: infraestructura escolar adecuada, horarios adaptados, inversión en condiciones dignas para estudiantes y docentes. No recortes improvisados al calendario escolar.
Reducir semanas de clase no es una solución. Es una renuncia.
Una renuncia a planear. A invertir. A garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje.
Y esto tiene consecuencias directas en la calidad educativa.
Menos días de clase implican menos tiempo efectivo de enseñanza. Menos continuidad en los procesos de aprendizaje. Más interrupciones. Más desigualdad entre quienes pueden compensar ese tiempo con actividades privadas y quienes no.
En un país donde ya existen brechas educativas profundas -acentuadas precisamente por la pandemia-, recortar el calendario sin estrategias compensatorias es agravar el problema.
Las infancias no solo pierden tiempo en el aula. Pierden estructura, acompañamiento, continuidad pedagógica. Pierden oportunidades.
Y todo esto ocurre, además, sin aviso previo suficiente para que familias, docentes y comunidades puedan adaptarse.
Otra vez, la carga se traslada hacia abajo.
Otra vez, se improvisa sobre la vida de millones.
Porque el problema no es el Mundial.
El problema es un país que sigue organizando sus prioridades sin preguntarse quién sostiene la vida cotidiana mientras todo lo demás ocurre. Un país que sigue tomando decisiones sin perspectiva de género y sin perspectiva de infancia, como si ambas fueran opcionales y no obligaciones constitucionales y convencionales. Como si el interés superior de la niñez fuera una frase decorativa y no un mandato vinculante.
Un país que sigue confiando en que las mujeres resolverán lo que el Estado decide no atender.
Como siempre.
Por eso esta discusión importa. Porque no es sobre fútbol. Es sobre el tipo de Estado que tenemos. Sobre su capacidad -o su voluntad- de mirar la realidad completa. De reconocer que las políticas públicas no son neutras. De asumir que cada decisión tiene impactos diferenciados.
Y de actuar en consecuencia.
Lo mínimo exigible es claro: incorporar de manera real, no discursiva, la perspectiva de género y de infancias en todas las decisiones públicas. Evaluar impactos, prever consecuencias, generar alternativas. Construir, de una vez por todas, un sistema nacional de cuidados que deje de descansar en el trabajo no remunerado de las mujeres. Garantizar condiciones seguras y dignas para niñas y niños, dentro y fuera de la escuela. Y asumir que prevenir la violencia no puede seguir siendo una promesa vacía, sino una política prioritaria, transversal y urgente.
Lo demás es simulación.
El Mundial llegará. Habrá goles, celebraciones, narradores emocionados y millones de personas frente a las pantallas.
Pero fuera de cámaras se jugará otro partido.
Uno donde no hay árbitros, ni estadísticas, ni repetición en cámara lenta. Uno donde el desgaste no se mide, pero se acumula. Uno donde las reglas son siempre las mismas y el resultado también.
Un partido silencioso.
Un partido desigual.
Y, como tantas veces en este país, un partido que las mujeres -y muchas infancias- no eligieron jugar.
*María Emilia Molina es abogada mexicana, doctora en Derecho, magistrada de circuito en retiro, académica y activista por la independencia judicial y la igualdad de género.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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