Petro: entre la Asamblea Constituyente y la narrativa populista
La narrativa de Petro, al amenazar con cambiar la Constitución si no se cumplen sus demandas, refleja una estrategia común entre líderes populistas que enfrentan oposición en otros órganos del Estado.
Por Solange Márquez, Analista Internacional. Conferencista. Autora de Girl’s Skills for Life, Editora y Coautora de Mexico-Canada. Two Nations in a NorthAmerican Partnership y Coautora de Climate Abandoned. We’re on the Endangered Species List. Colaboradora en El Universal y en medios internacionales como France24, BBC, Univision, entre otros.
El Presidente Gustavo Petro planteó hace unos días convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia si sus reformas sociales no son aprobadas. Sus reformas en materia de pensiones y de salud se han encontrado con la oposición en el Congreso, donde no cuenta con la mayoría. Este escenario, sin la mayoría necesaria para reformas ordinarias, sugiere aún más la complejidad y posiblemente la falta de fundamentación para convocar a una Constituyente, planteando preguntas sobre la viabilidad y legitimidad de tal acción bajo las circunstancias actuales.
La Constitución actual, emanada de 1991, establece en su artículo 376 las bases para convocar a una Asamblea Constituyente. “El Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Esta norma implica un apoyo popular directo y considerable, con al menos un tercio del censo electoral favorable a tal convocatoria. Este requisito subraya la importancia de un respaldo amplio y directo de la ciudadanía en decisiones de magnitud constitucional, contrastando con la situación actual donde la administración enfrenta retos significativos para avanzar su agenda legislativa. El último censo electoral estableció que en Colombia 40.292.068 personas están habilitadas para votar.
Entre los puntos presentados por Petro para una posible Constituyente estaría una reforma judicial enfocada en acercar el sistema judicial al ciudadano y aumentar su efectividad. Este planteamiento surge en un contexto de decisiones judiciales adversas para su gobierno, resaltando la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial. Esta propuesta, si bien apunta a mejoras necesarias, también plantea interrogantes sobre su alcance y las implicaciones de una reforma judicial profunda en el balance de poderes y la independencia judicial.
La principal preocupación de analistas y opositores gira en torno a la inclusión de la reelección en la propuesta de Constituyente, a pesar de las promesas previas de Petro durante su campaña de 2022 de no utilizar este mecanismo para modificar la Constitución. “Mis compromisos escritos en mármol estarán en el despacho del presidente” decía Petro ante pregunta expresa, asegurando que no convocaría a una asamblea constituyente. Sin embargo el viernes ya señalaba que “si las instituciones [en referencia al Congreso Nacional y al Poder Judicial] no son capaces de estar a la altura de las reformas” que propone su gobierno, “entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”. Esta discrepancia entre sus promesas y acciones recientes alimenta el escepticismo y la preocupación sobre la dirección de su gobierno y la posibilidad de alteraciones fundamentales en la estructura política del país.
Al inicio de su presidencia, Petro intentó proyectar una imagen conciliadora, acercándose a empresarios y nombrando a figuras cercanas al sector privado en su gabinete. Este acercamiento parecía buscar estabilidad y tranquilidad entre inversionistas y empresarios. Un poco más de año después de tomar posesión, en septiembre de 2023, en la Plaza Bolívar de Bogotá ante decenas de miles de participantes, Petro presentaría su propuesta para convocar a un Gran Acuerdo Nacional, que involucra a expresidentes, políticos, empresarios y a “todas las fuerzas sociales [y a] toda la sociedad” para “dar rumbo a los cambios en Colombia”.
Petro ha tirado a la basura también ese acuerdo y el viernes pasado al tiempo que desdeñaba su promesa de no convocar a una Constituyente, también echaba a la basura su propia propuesta de acuerdo nacional. “Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse”.
La narrativa de Petro, al amenazar con cambiar la Constitución si no se cumplen sus demandas, refleja una estrategia común entre líderes populistas que enfrentan oposición en otros órganos del Estado. Esta táctica, basada en la negación de la legitimidad de la oposición y en la proclamación de representar la única "voz del pueblo", socava los principios democráticos de diálogo y negociación. La experiencia demuestra que los países más exitosos han avanzado gracias a la capacidad de sus líderes de convivir y conciliar, mientras que las posturas ideológicas extremas han contribuido a la situación actual de varios países latinoamericanos. La narrativa populista es por naturaleza, contraria a la democracia.
La experiencia constituyente de 1991 en Colombia, que incluyó a una amplia gama de fuerzas políticas y sociales trabajando conjuntamente (como el M-19, el MSN, liberales, etc), resultó en una Constitución que promovió una mayor pluralidad política y reconocimiento de la diversidad del país. Este proceso contrasta marcadamente con la actual propuesta de Petro, que parece buscar no la unión y el consenso, sino la consolidación de poder para su grupo, amenazando la integridad de la democracia y sus instituciones.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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