Iconia y los tres estudiantes encarcelados
Además del enredo jurídico en torno a la entrega de un terreno público a empresas privadas, sin que todavía la ciudad haya recibido ningún beneficio en 15 años, están las afectaciones ambientales y sociales que el desarrollo traerá consigo.
Por Sonia Serrano
El 23 de diciembre pasado los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Alexis Rojas e Iván Ilich Cisneros fueron notificados de que debían presentarse a una audiencia de vinculación a proceso. Los jóvenes participaron en 2021 en una protesta contra el desarrollo inmobiliario Iconia, por lo que las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe los denunciaron por el delito de despojo de inmuebles y aguas.
No pudieron asistir a la audiencia porque tenían COVID, pero el juez de control volvió a citarlos el 5 de enero, día en que les dictó prisión preventiva. Tras una intensa presión social, fueron liberados el 11 de enero.
¿Qué hacían los estudiantes en el predio de Iconia? Uno de ellos, el ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta vive en Huentitán. Él y su familia han formado parte de las protestas que vecinos de la zona y la organización Únete Huentitán han llevado a cabo durante más de una década para pedir que se revierta el convenio que entrega el predio público a empresas privadas.
El inmueble está ubicado en las inmediaciones de la barranca de Huentitán, una de las áreas naturales protegidas de Jalisco, alcanzada ya por la urbanización de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se trata en realidad de un conjunto de terrenos adquiridos en los años 80 por el Ayuntamiento de Guadalajara para un parque público.
En 2008, cuando el presidente municipal era el panista Alfonso Petersen Farah, el terreno fue entregado a la empresa española Mecano, para un desarrollo inmobiliario llamado Puerta Guadalajara. A cambio del predio, la empresa debía realizar una serie de acciones a favor de la ciudad, entre las que se incluían la rehabilitación del planetario, un hospital, una escuela, un centro cultural, entre otras.
El terreno fue depositado en un fideicomiso y su traspaso a Puerta Guadalajara se condicionó de manera expresa a que Mecano entregara las obras por un monto equivalente a 65 millones 534 mil dólares.
Las obras no se realizaron. Sin embargo, en 2012 la empresa Mecano, sin consultar al Ayuntamiento de Guadalajara, transmitió sus derechos en el convenio a otra empresa, Operadora Hotelera Salamanca.
Transcurrieron varias administraciones municipales sin que ocurrieran cambios, hasta que Enrique Alfaro Ramírez, actualmente gobernador por Movimiento Ciudadano de Jalisco, llegó a la presidencia municipal de Guadalajara.
Primero, Enrique Alfaro emprendió acciones legales para que el terreno fuera devuelto al patrimonio municipal. Sin embargo, de manera sorpresiva en diciembre de 2016 presentó una propuesta al Ayuntamiento de Guadalajara para regularizar el convenio con Operadora Salamanca.
En el nuevo convenio se volvió a condicionar la entrega del predio a la realización de una serie de obras en beneficio de la ciudad. Ya no eran las mismas que se habían acordado con Mecano. Ahora, se previeron acciones más ambiguas y difíciles de rastrear, pero también algunas grandes obras como una avenida troncal, un parque lineal, un mirador en la barranca, entre otras.
El costo de las obras se fijó en los mismos 65.5 millones de dólares al precio de 2008. Es decir, no se actualizó con el tipo de cambio de 2016 ni se previó la inflación, como se estableció en el convenio firmado en el gobierno de Petersen.
Los plazos que se fijaron a la empresa para entregar las obras fueron entre 12 y 24 meses a partir de diciembre de 2016, por lo que éstos ya se cumplieron sin que la empresa haya concluido con la totalidad de las obras. Mientras la avenida troncal apenas tiene poco más de la mitad de avance, el parque lineal y el malecón ni siquiera han comenzado.
A pesar de lo anterior, el Ayuntamiento de Guadalajara no ha emprendido acciones para sancionar a la empresa ni para recuperar el terreno.
A todo esto se suma que Operadora Salamanca vendió el terreno en 2017 a la empresa Hoteles Riviera Deluxe en 500 millones de pesos.
Los incumplimientos son claros. A pesar de ello, las autoridades, tanto el gobernador Enrique Alfaro Ramírez como el actual presidente municipal Pablo Lemus Navarro han insistido en que el predio es privado.
A finales de 2022 el Ayuntamiento de Guadalajara clausuró las obras del hotel que se construye en el predio, pero luego retiró los sellos. La sanción fue justamente por el retraso en las obras.
El proyecto de Iconia prevé la construcción de un gran centro comercial, dos edificios con alrededor de 2 mil departamentos y un hotel. Todo esto en una zona que en los últimos años ha tenido severos problemas de abasto de agua, lo que ha llevado a las autoridades incluso a suspender el servicio.
En resumen, además del enredo jurídico en torno a la entrega de un terreno público a empresas privadas, sin que todavía la ciudad haya recibido ningún beneficio en 15 años, están las afectaciones ambientales y sociales que el desarrollo traerá consigo.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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