Respira
Por Ivabelle Arroyo
En México estamos a punto de fabricar por ley a la audiencia más tonta del mundo. Una audiencia que necesita que alguien le señale dónde termina un hecho y dónde comienza una opinión, que requiere un defensor para reclamar o preguntar a un conductor y una comisión gubernamental que puede dejar en bancarrota al medio con multas exorbitantes por no cumplir con los trámites.
Todo esto, por supuesto (¡no podría ser de otra forma!) se presenta como un avance democrático.
Los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias parten de una idea atractiva: la radio y la televisión tienen responsabilidades frente a quienes los escuchan y los ven. Claro que las tienen. También deben contar con códigos de ética, responder quejas, transparentar criterios y ofrecer vías para corregir errores. Hasta ahí, todo bien y además es práctica usual desde hace muchos años en la mayoría de los medios serios del país.
El problema comienza con una palabra: protección. El régimen actual quiere que eso se haga como parte de una protección dirigida por una comisión gubernamental.
Comencemos por la palabra proteger. Proteger significa colocar a alguien bajo el cuidado de otro porque se considera que no puede cuidarse solo. Protegemos a los niños, a las personas incapaces de defenderse, a quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad extraordinaria. La protección supone una relación desigual: alguien sabe, decide y actúa; otro recibe los cuidados y agradece.
Con los derechos, el término más adecuado es garantizar. Garantizar un derecho hace que el Estado ponga un marco para que las personas lo ejerzan. Es decir, que usen sus libertades, reclamen y puedan obtener respuesta institucional. El ciudadano conserva el juicio, la capacidad de elección y la responsabilidad. El Estado pone reglas, abre información, ofrece tribunales.
Esta diferencia parece semántica, pero no lo es. Es una diferencia de visión. Son dos modelos de relación entre el poder y los ciudadanos. En uno, la autoridad entrega contenido empaquetado con instrucciones de uso. En el otro, entrega herramientas.
Con las audiencias debería ocurrir lo segundo.
Los nuevos lineamientos obligan a los medios, entre otras cosas, a distinguir hechos de opiniones, mantener códigos de ética y contar con defensores que reciban quejas. El problema no es ese sino que todo esto se vigila por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano del gobierno que podrá sancionar y hasta quitar concesiones de radio y televisión.
Dice Claudia Sheinbaum que esto no es censura y que si quisiera censurar ya lo habría hecho. Exacto. La ley que tiene y que está perfeccionando le permitirá censurar y presionar si se decide. Todo depende de ella.
Pero además de ganar canicas de presión contra los medios, esta ley y sus lineamientos infantilizan a los radioescuchas y televidentes mientras dicta la última palabra sobre los criterios editoriales de las empresas de comunicación.
¿Qué se tendría que hacer entonces? Garantizar que haya diversidad en el ecosistema de medios y absoluta libertad para periodistas y audiencias. Eso es tratar a los mexicanos como adultos, construir ciudadanía y mejorar la democracia.
La tutela hace lo contrario, establece un permiso oficial para los criterios editoriales de cada casa informativa y trata -inútilmente además- de que los televidentes y radioescuchas no se vayan a tropezar con una mentira. Eso es imposible, lo que se necesita es diversidad en el ecosistema, incentivos al rigor y libertad para cambiar el canal. De otra manera, estamos ante un manual para fabricar audiencias estúpidas.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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