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El Refugio Franciscano alberga desde hace 45 años a perros y gatos en condición de calle o maltrato. El predio donde se ubica fue concedido en comodato y, por ley, puede ser usado para esos fines mientras siga su actividad, que no tiene objetivos de lucro.

No sorprende que ya desde hace algunos años haya intereses comerciales e inmobiliarios queriendo hacerse del terreno, que está en una zona que se ha vuelto muy lucrativa en Santa Fe. Hace algunos días un litigio que llevaba tiempo en proceso se resolvió de manera sospechosamente rápida en tribunales. En esos mismos tribunales que han estado a medias desde que empezó la pandemia, a un juez de pronto le pareció urgente que los mil 500 perritos y 36 gatitos que viven en el refugio sean desalojados para poder vender el predio.

Quienes tenemos amor y responsabilidad por los animales hemos levantado la voz para pedir a las autoridades que intercedan en defensa de los animalitos.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, contestó que por tratarse de un asunto judicial él no era la autoridad competente. Su chamba, dice, es tapar baches y cambiar luminarias. Un alcalde muy ambicioso que, técnicamente, tiene razón. No es la autoridad competente para detener la corrupción en el sistema judicial, pero podría ser autoridad competente para adelantar que no se darán concesiones a las inmobiliarias si no es claro que el proceso legal ocurrió sin vicios. O podría ser autoridad competente para pensar en el efecto que tendría el regreso de más de mil 500 animales a las calles como problema de salud pública en su demarcación y prevenirlo con alguna acción. Por ejemplo, podría buscar otro terreno para que los animalitos puedan vivir, en caso de que la estrategia legal del refugio falle. O podría aprovechar el momento y el apoyo que el tema ha suscitado en la población para anunciar una clínica veterinaria pública. O, ya volviéndonos locos, podría reconocer que el refugio está asumiendo las carencias del Estado, que les ha fallado a los animales y a la sociedad. Una asociación civil ha tenido que subsanar que los gobiernos en este país han sido omisos en responder a este problema de salud pública y de humanidad.

Si yo fuera alcaldesa haría eso, pero, sobre todo, si fuera política y tuviera un gramo de tacto trataría de detener una injusticia porque creería que decidí dedicarme a la política precisamente para revertir las injusticias de este país. La respuesta de Adrián Rubalcava no sólo fue indolente y grosera, sino que demuestra que no tiene pálida idea de los temas que pueden ser costosos en el ámbito electoral.

Ahora bien, entiendo que de un predio así pueden asegurarse cientos de millones de pesos, que eso explica la turbia decisión del juez José Manuel Salazar Uribe, del Juzgado 60 de lo Civil de la Ciudad de México. Entiendo que hay intereses económicos que fácilmente compran favores políticos. Simplemente me gusta pensar que quienes se han vendido como una opción honesta actuarían en congruencia con estos principios en vez de desentenderse de lo que una decisión así puede conllevar.

El día de ayer, el desalojo arbitrario estuvo a punto de proceder. La presencia de granaderos nos hizo pensar que había llegado el día para defender a los animalitos con todo. Yo de verdad confío en que la estrategia legal logre desenmascarar y corregir las irregularidades, pero por lo pronto los invito a todos a firmar esta petición: https://chng.it/KBDZ2vMp. Subamos el costo para las autoridades de aceptar la corrupción y subamos también el costo de ignorar los temas que nos importan a muchos. Pongámonos del lado de los animalitos que no tienen más apoyo que el de quienes los queremos  y sabemos de la responsabilidad ética que tenemos con ellos.

@jainapereyra

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