Por Julieta del Río*
A pocos días de concluir el plazo para el registro obligatorio de líneas celulares en México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (que pasó de ser un órgano autónomo bajo la figura del Instituto Federal de Telecomunicaciones a un organismo centralizado) pareciera que está más preocupada por cumplir metas numéricas que por generar confianza entre los ciudadanos.
Desde el pasado 9 de enero y hasta el próximo 30 de junio, millones de mexicanos “deberíamos” registrar nuestra línea telefónica bajo el argumento de combatir las llamadas de extorsión y reducir el anonimato. Sin embargo, en las últimas semanas la estrategia institucional ha dejado de parecer una campaña informativa para convertirse en una campaña basada en la presión y el miedo.
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