Respira
Por María del Carmen Alanis
En las últimas semanas se ha instalado un debate preocupante: ¿a quién corresponde garantizar la seguridad en las elecciones? Desde el gobierno federal se ha deslizado la idea de que esa responsabilidad recae en el Instituto Nacional Electoral. Mientras tanto, el INE parece guardar silencio frente a uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la democracia mexicana.
La discusión, sin embargo, parte de una premisa equivocada. La seguridad pública es una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano y no del INE actuando de manera aislada frente a fenómenos que involucran violencia criminal, control territorial, amenazas, coacción y debilitamiento institucional.Pero tampoco puede ignorarse que el contexto de violencia sí impacta directamente la integridad de las elecciones.
Durante años, el debate electoral mexicano se concentró en temas como equidad en la contienda, acceso a medios, financiamiento político o imparcialidad del poder público. Hoy enfrentamos una realidad mucho más compleja: procesos electorales desarrollados en territorios con presencia de delincuencia organizada, presión sobre candidaturas, riesgo para autoridades electorales y posibles intentos de captura política desde estructuras criminales.El problema ya no es únicamente de seguridad pública. Es un problema de integridad electoral.
En distintos procesos recientes hemos observado agresiones contra personas candidatas, amenazas, inhibición de la participación ciudadana y condiciones de miedo que afectan la libertad del sufragio. En algunos territorios, la violencia deja de ser un fenómeno incidental y comienza a convertirse en un mecanismo de presión política y control territorial. Eso tiene consecuencias profundas para la democracia.
Como ha advertido recientemente IDEA Internacional (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), la criminalidad organizada en América Latina dejó de ser un fenómeno periférico para convertirse en una amenaza sistémica que penetra territorios, economías y procesos políticos. El organismo incluso utiliza el concepto de “política criminalizada” para describir la interacción entre actores criminales, agentes estatales y estructuras políticas con capacidad de influir en candidaturas, financiamiento y control territorial (IDEA Internacional, 2025).
No sólo preocupa la generación de entornos de violencia. Preocupa, sobre todo, la normalización de procesos de captura política y penetración criminal en el propio ecosistema democrático.
Cuando una candidatura es desplazada por amenazas; cuando la ciudadanía vota bajo miedo; o cuando actores criminales intentan influir en candidaturas o estructuras locales de poder, lo que está en riesgo no es únicamente la autenticidad misma de la competencia democrática, sino también la seguridad física de las personas.
Por eso resulta preocupante escuchar posiciones que intentan trasladar toda la responsabilidad al INE, como si la organización de elecciones pudiera desvincularse de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de seguridad y control territorial.
Garantizar condiciones de paz para el ejercicio de los derechos político-electorales corresponde al Estado mexicano en su conjunto.
Sin embargo, también sería un error pensar que el INE puede limitarse a organizar procedimientos logístico-administrativos y esperar que otras instituciones resuelvan el problema. Las autoridades electorales no tienen facultades de seguridad pública, pero sí tienen la obligación constitucional de proteger la integridad de los procesos electorales.
Eso exige visión estratégica.
Cuando me desempeñé como Secretaria Ejecutiva del entonces IFE y posteriormente como Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entendimos que los procesos electorales debían blindarse mediante coordinación institucional del más alto nivel. Existían reuniones permanentes con autoridades de seguridad y distintas instancias del Estado para anticipar riesgos, construir diagnósticos territoriales y diseñar mecanismos preventivos de protección.No se trataba de militarizar elecciones. ¡Todo lo contrario! Se trataba de comprender que la integridad electoral también requiere capacidad de anticipación y coordinación interinstitucional.
Hoy el desafío es todavía mayor. El INE tendría que estar construyendo mapas de riesgo, identificando distritos y secciones de atención especial, desarrollando protocolos diferenciados y articulando mecanismos de protección para candidaturas, funcionariado electoral y ciudadanía participante enlas casillas.
La protección electoral no puede seguir siendo reactiva. Debe ser preventiva, estratégica y basadaen inteligencia institucional.
Resulta inevitable preguntarse si la actual dirigencia del INE tiene la experiencia, la capacidad técnica y la altura institucional para enfrentar un desafío de esta dimensión. La organización de elecciones en contextos de violencia y posible captura criminal exige mucho más que lealtades políticas o designaciones por cercanía personal. Requiere conocimiento del Estado, capacidad operativa y comprensión profunda de los riesgos que enfrenta hoy la democracia mexicana que se aproxima a 2027 en uno de los contextos más complejos de las últimas décadas. No bastará con instalar casillas, imprimir boletas o administrar procedimientos. La verdadera pregunta es si el Estado mexicano será capaz de garantizar elecciones libres de miedo, violencia y captura criminal.
Porque la integridad electoral no se protege con evasivas burocráticas ni con silencios institucionales. Se protege con responsabilidad de Estado, coordinación, inteligencia y capacidad democrática.
Referencia:
*Ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultora internacional.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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