Respira
Por María del Carmen Alanis
Hoy jueves 10 de septiembre inicia formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027. No es una elección cualquiera. Y tampoco debería ser una elección que observemos desde lejos.
El próximo 6 de junio se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo habrá elecciones locales en prácticamente todo el país: estarán en juego 19,609 cargos, entre ellos 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales y más de 18 mil cargos municipales.
México enfrenta procesos electorales cada vez más complejos. La violencia y la presencia del crimen organizado han dejado de ser fenómenos externos a las elecciones. En algunos territorios pueden condicionar quién compite, quién hace campaña, por dónde puede transitar una candidatura, quién financia, quién vota y, en los casos más extremos, quién puede gobernar.
A ello se suman la intervención indebida de personas servidoras públicas; el uso electoral de programas sociales y recursos públicos; la desinformación y las posibilidades de manipulación que abren las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial; las restricciones presupuestarias a las autoridades electorales; y una polarización que puede erosionar la confianza en las instituciones y en los propios resultados.
Frente a ese escenario, la seguridad electoral no puede comenzar cuando aparece la primera persona amenazada o asesinada. Requiere prevención, información, coordinación institucional y capacidad para identificar riesgos antes de que la violencia determine las condiciones de la competencia.
Y dentro de este contexto existe un desafío que merece especial atención: las condiciones en las que las mujeres disputarán el poder en 2027.
La paridad es un mandato constitucional. No es una concesión de los partidos. Después de décadas de reformas, sentencias y, sobre todo, de lucha de las propias mujeres, parecería que la discusión sobre nuestro derecho a ocupar la mitad de los espacios de representación y decisión está superada. Pero no lo está.
Los partidos siguen encontrando formas de resistir, retrasar o simular el cumplimiento. La paridad formal puede alcanzarse registrando el número correcto de candidatas y, al mismo tiempo, incumplirse materialmente: postulándolas donde existen menores posibilidades de triunfo, otorgándoles menos recursos, menor exposición pública o estructuras de campaña insuficientes.
En las 17 gubernaturas que estarán en disputa. El colectivo Mujeres en Plural, con base en los criterios emitidos por el INE en los cuatro procesos electorales anteriores, ha planteado que al menos nueve candidaturas sean encabezadas por mujeres. Pero no basta con aparecer en la boleta. La igualdad sustantiva exige condiciones reales de competencia: financiamiento, acceso a radio y televisión, visibilidad pública, seguridad, posibilidades efectivas de ganar, acceso al cargo y ejercicio pleno del poder.
La paridad de 2027 no deberá medirse contando mujeres en las boletas, sino verificando si realmente pudieron competir por el poder, acceder al cargo, permanecer en él y ejercerlo con libertad.
Las mujeres que compitan pueden enfrentar los riesgos derivados de disputar poder político en territorios afectados por intereses criminales y, simultáneamente, formas de violencia dirigidas específicamente contra ellas por ser mujeres: amenazas, hostigamiento, campañas de odio, ataques sexualizados, violencia mediática y digital, agresiones contra sus familias y presiones para abandonar una candidatura o, incluso después de haber ganado, para renunciar o impedirles ejercer plenamente el cargo.
Una mujer registrada como candidata pero que no puede recorrer libremente su territorio; que debe suspender actos por miedo; que es amenazada para retirarse; que recibe menos recursos para protegerse o competir; o que gana una elección pero no puede ejercer el poder con libertad, no participa en condiciones de igualdad. Por eso, la seguridad también es una condición de la democracia paritaria.
Pero sería un error colocar toda la responsabilidad de la elección de 2027 en el INE, los organismos electorales locales, los tribunales, las fiscalías, los partidos o los gobiernos.
Esta elección también es nuestra responsabilidad.
El modelo electoral mexicano descansa, en buena medida, en la ciudadanía. Ciudadanas y ciudadanos integran las mesas directivas de casilla, reciben nuestros votos, los cuentan y llenan las actas. Integran consejos locales y distritales. Participan como representantes de partidos y candidaturas y como observadores electorales. Desde organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación, empresas, colectivos y comunidades pueden vigilar campañas, documentar irregularidades y exigir que las autoridades actúen. Y, por supuesto, votamos.
Por eso participar en 2027 no puede reducirse a acudir unas horas a una casilla el domingo 6 de junio. Nuestra participación significa informarnos sobre quiénes aspiran a gobernarnos. Revisar sus trayectorias, propuestas y vínculos. Distinguir información de propaganda y verificar antes de compartir. Exigir debates. Preguntar de dónde proviene el dinero de las campañas. Vigilar el comportamiento de gobiernos y personas servidoras públicas. Denunciar el uso electoral de recursos públicos y programas sociales.
También significa vigilar la igualdad: observar cómo seleccionan los partidos a sus candidatas, dónde las postulan, cuánto invierten en sus campañas, qué visibilidad les proporcionan y cómo reaccionan autoridades y partidos cuando son violentadas.
Significa aceptar la responsabilidad de integrar una casilla cuando seamos sorteados. Registrarnos como observadores electorales. Participar desde nuestras organizaciones, universidades, empresas, medios y comunidades. Documentar y denunciar irregularidades.
Participar también es una forma de resistencia democrática. Significa no permitir que el miedo nos expulse de las elecciones.
La violencia obtiene una victoria no sólo cuando logra imponer una candidatura. También cuando consigue que alguien decida no competir, que una mujer abandone una candidatura, que una periodista deje de investigar, que una persona rechace integrar una casilla, que un observador prefiera no acudir a una comunidad o que la ciudadanía, por miedo, desencanto o indiferencia, deje de votar.
La elección de 2027 definirá miles de gobiernos y representaciones, reconfigurará la Cámara de Diputados, congresos locales, miles de ayuntamientos, y será una estación decisiva rumbo a 2030. Pero, sobre todo, pondrá a prueba nuestra disposición a hacernos responsables de la democracia que tenemos.
En 2027, no se vale no participar.
*Ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultora internacional.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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