Por Natalia Pérez*
Hay realidades que una sociedad no puede permitirse normalizar.
Que una niña juegue, vaya a la escuela, aprenda, socialice y construya sus sueños debería ser algo natural. Sin embargo, en México miles de niñas enfrentan una realidad que nunca eligieron: un embarazo siendo niñas; es decir, hay niñas sufriendo violencia sexual, ovulando y sin que exista un mecanismo que reaccione.
No es destino. No es cultura. No es una decisión.
Es violencia.
El embarazo en niñas representa una de las expresiones más graves de violencia sexual y una vulneración directa de sus derechos humanos. Pero detrás de cada caso existe una historia que debemos atrevernos a mirar completa: qué ocurrió antes, quién pudo haberlo detectado, quién debió escucharla y qué falló para que esa niña llegara a esa situación.
Por eso, como víctima indirecta, me pronuncio a favor de la campaña de SIPINNA “Niñas, No Madres”, pero también considero que debemos ir un paso más allá: no basta con reaccionar cuando el embarazo ya está presente; la verdadera protección debe comenzar mucho antes.
Prevenir antes de que ocurra la violencia
La prevención debe convertirse en una política permanente y no solamente en una campaña temporal. Debemos capacitar a niñas, niños y adolescentes para que puedan identificar situaciones de riesgo, reconocer conductas que vulneran sus derechos, establecer límites y saber dónde pedir ayuda, como ocurre en los talleres de Prevención de la Violencia Sexual Infantil que promueve la Mtra. Elena Torres Villanueva, directora de la Fundación Internacional Granito de Arena.
Asimismo, coincido con el programa de SIPINNA en la necesidad de capacitar a padres, madres, tutores, docentes y cuidadores, así como a las comunidades, instituciones y autoridades que tienen contacto con la infancia. Todos necesitamos herramientas para identificar señales de alerta y saber cómo actuar frente a una posible situación de violencia sexual.
Porque una niña no siempre dirá directamente que está siendo víctima de una agresión sexual. A veces habrá cambios en su comportamiento, aislamiento, miedo, alteraciones en su rendimiento escolar o manifestaciones emocionales que los adultos pueden interpretar equivocadamente.
Prevenir también significa saber mirar.
Después de la agresión, la atención debe continuar
Existe otro problema que debemos colocar sobre la mesa.
Cuando una niña ha sufrido violencia sexual, no podemos pensar que el problema terminó con una denuncia, una valoración inicial o la atención de una consecuencia inmediata.
La niña necesita seguimiento, atención médica y psicológica especializada, protección y acompañamiento, así como instituciones capaces de identificar las consecuencias que la violencia puede producir en su desarrollo.
Aquí quiero poner especial énfasis en un tema que merece una política pública específica: la detección oportuna de la pubertad precoz en niñas, particularmente cuando se presentan signos que ameritan una valoración médica.
Existen múltiples causas médicas de la pubertad precoz y una de ellas, de acuerdo con la literatura médica, puede estar relacionada con una niña que ha vivido violencia sexual. Por ello, la valoración integral y especializada de su salud física y emocional es un tema de Estado.
Propongo que el Estado impulse una campaña nacional de salud para la detección oportuna de la pubertad precoz, dentro de las estrategias de atención integral a niñas.
Detectar a tiempo permite intervenir a tiempo.
La salud no puede convertirse en otro obstáculo
Cuando existe un diagnóstico médico que requiere tratamiento, el acceso no debe depender de la capacidad económica de una familia. Si una niña necesita tratamiento para controlar o detener una pubertad precoz, el Estado debe garantizar, conforme al diagnóstico y a los protocolos médicos, el acceso oportuno a la atención especializada y al tratamiento indicado.
No podemos hablar de protección integral mientras una familia tenga que elegir entre pagar un medicamento o cubrir las necesidades básicas de sus hijas. Los medicamentos para estos tratamientos oscilan entre 6,000 y 7,000 pesos por ampolleta, y el costo dependerá de la frecuencia con que la niña requiera su administración: como mínimo, una cada tres meses; es decir, al menos cuatro al año.
Por ello, la salud de una niña no puede depender de su nivel socioeconómico, y mi propuesta es concreta:
Prevención de la violencia sexual infantil; capacitación para niñas; capacitación para padres, madres, cuidadores y comunidades; formación especializada para quienes tienen contacto con la infancia; detección temprana de señales de violencia; valoración médica y psicológica integral después de una agresión, y campañas de salud que permitan detectar oportunamente la pubertad precoz.
Y, cuando exista una indicación médica, se debe garantizar el acceso al tratamiento necesario mediante los servicios públicos de salud, sin que el costo sea una barrera para la niña o su familia.
Debemos llegar antes
Si queremos que “Niñas, No Madres” sea realmente una transformación social, debemos entender que la prevención comienza en la escuela, en casa, en el consultorio médico, en el transporte, en las instituciones y en la capacitación de quienes están alrededor de las niñas.
Comienza cuando enseñamos a una niña que su cuerpo le pertenece. Cuando enseñamos que nadie tiene derecho a violentar a otra persona. Cuando enseñamos a los adultos a escuchar.
Empieza cuando una médica o un médico identifica una señal de alerta; cuando una maestra sabe cómo actuar; cuando una madre o un padre entiende que un cambio de comportamiento puede ser una llamada de auxilio.
Y empieza cuando el Estado responde antes de que el daño sea mayor.
Una niña no debería convertirse en madre para que finalmente nos preguntemos qué ocurrió.
No debemos esperar al embarazo para investigar.
No debemos esperar a la denuncia para proteger.
No debemos esperar a una consecuencia grave para intervenir.
Debemos llegar antes.
Porque proteger a nuestras niñas no significa solamente impedir que sean madres; significa garantizar que puedan crecer, estudiar, jugar, tener salud, soñar y decidir libremente su futuro cuando llegue el momento.
Una niña protegida no es solamente una niña a la que no se le permitió ser víctima.
Es una niña a la que llegamos a tiempo.
Y ese debería ser el verdadero compromiso de México: que ninguna niña tenga que gritar para ser escuchada, que ninguna señal de violencia pase inadvertida y que ninguna familia tenga que enfrentar sola las consecuencias de una violencia que nunca debió ocurrir.
*Natalia Pérez Robles es abogada Aeronáutica Creadora de “En el Cielo Podcast”.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

Comments ()