Respira
En este espacio se mezclan hechos, datos verificables y opinión, y considero que quienes lo leen tienen la inteligencia suficiente para saber distinguir entre uno y otro.
Tenía poco de haber empezado a trabajar en radio; no llegaba a los 20 años. No eran las épocas de X ni de las funas colectivas. La audiencia sólo podía comunicarse conmigo por teléfono, si tenían la suerte de no encontrarlo ocupado, o mandando un fax. No recuerdo qué fue lo que dije, pero alguien del otro lado llamó para hacerme ver que no estaba en lo correcto. Sí, olvidé el tema, pero nunca la lección: del otro lado del aparato había alguien más inteligente, más preparado y que conocía más de cualquier tema que yo, y era siempre con esa persona en mente para quien tenía que preparar mi trabajo. Han pasado 28 años y sigo pensando igual: esa otra persona es mi audiencia.
Imagino que hay una generación entera que le teme a la funa; yo no. Yo le temo a perder aquello que he cuidado toda mi carrera: la credibilidad. No es un radioescucha enojado lo que me preocupa; es aquel que decida ejercer el mayor poder que tiene una audiencia: cambiar de estación. Curiosamente, no soy la única que piensa así. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los lineamientos para Proteger los Derechos de las Audiencias que están ahora en consulta, y le preguntaron si estos aplicarían a la mañanera, como propuso la oposición. Su respuesta fue: “Que no la vean, tienen esa decisión, ver o no ver la mañanera”. Y aunque la presidenta me estaría dando la razón, en su caso los lineamientos tendrían que ser mucho más estrictos, porque la Mañanera se hace con recursos públicos. Y ese mismo espacio se ha utilizado para difundir información falsa y descontextualizada, justamente lo que el artículo 12 de los lineamientos pide a los medios de comunicación no hacer. El artículo 13 habla de la garantía al derecho de réplica, lo que, como ya sabemos, tampoco sucede en el programa matutino de la Presidencia.
Si bien los lineamientos son parte del cumplimiento de una ley, sería ingenuo ignorar el panorama completo. Cuando esta ley se aprobó teníamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que, de menos, era autónomo. Con la excusa de una simplificación administrativa le dieron crán e inventaron la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende del Gobierno federal. No simplificaron nada; quitaron órganos autónomos para hacerse de su poder. Nos vendieron la eliminación de órganos autónomos que garantizaban el ejercicio de derechos, como también sucedió con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la elegante envoltura de la simplificación administrativa, lo que en realidad fue una acumulación de poder. Hoy, con la promesa de la protección de derechos, envuelven una amenaza de censura.
Es importante dejar esto claro: no me preocupa bajo ninguna circunstancia que las audiencias tengan un lugar en donde emitir sus quejas y que sus respectivos defensores puedan hacer una evaluación y reparar daño alguno, si es que existió. Lo preocupante viene después: si “el quejoso” no está de acuerdo con lo que responde el defensor de las audiencias, entonces este escala su queja a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, AKA Morena y asociados, el Gobierno federal.
Por cierto, los lineamientos imponen tiempos ridículamente cortos de respuesta a los medios y sus defensores de las audiencias. Yo llevo casi dos meses esperando que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno me resuelva una queja.
Aun así, eso no es lo peor. Para ejemplo, lo que ha sucedido con las denuncias de violencia política de género. La violencia política de género existe y se ejerce para evitar que las mujeres participen políticamente, pero vean cómo la han usado:
- Andrea Chávez contra Denise Dresser; el asunto terminó en la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien determinó que la periodista no había incurrido en violencia política de género.
- Layda Sansores contra varios periodistas.
- Diana Karina Barreras, AKA Dato Protegido, contra Karla Estrella, ciudadana que publicó un comentario en X que no le gustó a la diputada.
Los primeros usuarios de la defensoría de las audiencias van a ser los políticos y saben, al menos los de Morena, PT y Verde, que la última instancia también son ellos. Lo de menos es el trámite burocrático. Los lineamientos a consulta incluyen multas que van hasta del 1 % de los ingresos del medio. Quizá quienes dicen que no es un acto de censura no estén mintiendo; es que es la mejor herramienta para generar autocensura.
Para terminar, un chiste: ayer el INE ordenó a Alejandro Moreno, presidente del PRI, abstenerse de llamar “narcopartido” a Morena. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, respondió en X: “.@alitomorenoc el #PRI nunca aprendió a vivir bajo la ley. Cuando gobernaba, dejó crecer al crimen, protegió redes de corrupción y acumuló gobernadores investigados, procesados y condenados por vínculos, sobornos y operaciones relacionadas con la delincuencia organizada. Por eso, en la memoria del pueblo son la mafia del poder: convirtieron al gobierno en su refugio de negocios sucios y complicidades”.
Alejandro Moreno me parece un impresentable, pero en serio, si fuera cuestión de definir qué se puede o no decir, qué se va a sancionar, ¿quién definiría si se puede llamar o no a uno narcopartido o a otro mafia del poder? Serán ellos, los mismos, y nosotros, al igual que la audiencia, nos quedaremos sin nadie que nos defienda.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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