Por Pamela Sandoval
Cuando el Estado cobra de manera desproporcionada por entregar información pública, no está prestando un servicio: está condicionando el ejercicio de un derecho. Eso está detrás de la sentencia de la Suprema Corte publicada el 26 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 16/2025, promovida por la CNDH contra diversas leyes de ingresos municipales de Puebla.
La Corte revisó cobros por búsqueda de documentos, copias simples, copias certificadas y certificaciones, y volvió a recordar algo básico: la recaudación municipal no puede instalarse en la puerta del archivo público.
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