Por Sandra Romandía
En México, la corrupción tiene una extraordinaria capacidad de adaptación; cambia de partido, de discurso, de funcionarios y hasta de nombre, pero conserva intacta una de sus más antiguas tradiciones: la cercanía con el poder sigue siendo una moneda de cambio mucho más valiosa que cualquier credencial de honestidad. La llamada Cuarta Transformación prometió desterrar las prácticas que durante décadas convirtieron al presupuesto público en patrimonio de grupos políticos y familiares; sin embargo, seis años después de su llegada al gobierno, las auditorías siguen revelando mecanismos que recuerdan demasiado a aquellos tiempos que el oficialismo asegura haber enterrado.
Esta semana publicamos en EMEEQUIS una investigación de Jorge García Orozco que merece bastante más atención de la que ha recibido; la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 1,106 millones de pesos en Liconsa, hoy Leche para el Bienestar, correspondientes al ejercicio 2023, entre ellas la falta de documentación que acreditara la recepción de leche y la prestación de servicios contratados, inconsistencias millonarias en los volúmenes pagados y recibidos, proveedores que no pudieron ser localizados e incluso pagos registrados a nombre de personas fallecidas; un catálogo de anomalías que sería escandaloso en cualquier dependencia, pero que adquiere una dimensión particularmente ofensiva cuando hablamos de un programa destinado, al menos en el discurso, a respaldar a pequeños productores y garantizar el acceso a un alimento básico.