Por Vania Pérez Morales
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A pesar de la educación “de izquierda” que me dieron mis papás, todas las mañanas nos alistábamos para ir a la escuela escuchando el Himno Nacional. Era importante poner la mano muy derechita al saludar a la bandera y extender el brazo con toda la fuerza posible cuando, durante la ceremonia escolar, prometíamos ser siempre fieles a nuestra patria. Formar parte de la escolta o de la banda de guerra, esos espacios escolares que emulan la disciplina militar, era una aspiración para muchas niñas y niños. Para mí también lo era.

Así me enseñaron a querer a México. Durante años pensé que amar a la patria consistía en aquellas representaciones solemnes, en los honores a la bandera, en memorizar los símbolos patrios y repetir las mismas promesas cada lunes. Por lo menos eso decían los libros escolares, las letanías de las ceremonias y las historias que mi padre me contaba sobre nuestro país.Crecimos creyendo que eso era honrar a México. Simbólicamente, quizá lo era. Pero también nos enseñaron a sentir orgullo por nuestra historia, por nuestra independencia y hasta por aquellos gritos multitudinarios del 15 de septiembre en el Zócalo. Por eso recuerdo tan claramente la confusión que sentí cuando, durante una de esas fiestas patrias, mis padres nos dejaron con mis abuelos para acudir a los festejos. Horas después, al regresar a casa, descubrimos que nos habían robado.

¡Nos robaron la noche del 15 de septiembre!

No podía entenderlo. Entre las cosas que se llevaron estaba una televisión chiquita que mi abuela me había prestado para ver caricaturas. Recuerdo que juntaba dos sillas para acostarme sobre ellas con una cobija, mientras desayunaba un bolillo con mantequilla y azúcar. Aquella televisión era parte de uno de mis pequeños rituales de felicidad.

A mis seis años, con lo poco que entendía del mundo y de la patria, me sentí profundamente decepcionada. ¿Cómo era posible que alguien robara precisamente el día en que todos debíamos ondear la bandera y sentirnos orgullosos de México? En mi cabeza infantil, aquello era una forma de traición a la patria. Las autoridades, por supuesto, no dieron respuesta a las denuncias de mi familia.

Conforme fui creciendo entendí que no era la patria la que nos había traicionado. Eran las autoridades que tenían la obligación de protegernos y no lo hacían. Ese descubrimiento me hizo crecer de golpe. Comprendí que estábamos solos y que una familia como la nuestra no podía dar por sentadas ni la seguridad ni, mucho menos, la justicia.

Los robos a casa habitación eran comunes en los años ochenta. Hoy la inseguridad tiene otras dimensiones: extorsiones, desapariciones, homicidios, desplazamientos forzados y territorios enteros sometidos al poder de las organizaciones criminales. El problema dejó de ser únicamente el miedo a que alguien entrara a nuestra casa. Ahora hay miles de familias que ni siquiera saben si sus hijas e hijos regresarán a ella.

Por eso, cuando en pleno 2026, entre el desabasto de medicamentos, los insuficientes recursos para la educación, la violencia desmedida y la captura de instituciones por grupos criminales, la discusión de nuestras autoridades gira alrededor de la traición a la patria, no puedo evitar preguntarme: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién está traicionando realmente a México?

Este fin de semana vimos cómo autoridades de Chihuahua detuvieron al exfiscal general de ese estado, César Jáuregui Moreno, quien posteriormente quedó bajo custodia federal. Desconozco si cometió algún delito, si incurrió en responsabilidades administrativas o penales, o si existieron irregularidades en su actuación. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes y, en su caso, a los tribunales. Lo que sí sabemos es que enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico y que la Fiscalía General de la República lo acusa también de traición a la patria.

Unos días antes de ser detenido, Jáuregui defendió públicamente su actuación en el operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua y aseguró que, si tuviera que tomar nuevamente aquella decisión, lo volvería a hacer.

No pretendo defender al exfiscal ni justificar una eventual violación de la ley. La presencia de agentes extranjeros en territorio nacional está sujeta a reglas que deben respetarse. Pero hay una pregunta que incluso me ha hecho retrasar la entrega de este texto: ¿por qué el Estado mexicano parece tener tanta determinación para perseguir a quien presuntamente permitió un operativo contra un laboratorio del narcotráfico y tan poca para enfrentar a quienes han permitido que las organizaciones criminales se apoderen de territorios enteros?

Por la vía fast track, las instituciones del Estado mexicano nos demuestran que sí pueden actuar: movilizar policías, ejecutar órdenes de aprehensión y activar procesos penales cuando consideran que alguien ha traicionado a la patria. Y es precisamente esa capacidad de actuar la que vuelve todavía más indignante lo que ocurre en el resto del país: funcionarios de alto nivel señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales; autoridades que no han logrado frenar la expansión de los cárteles; un sistema de salud que abandona a pacientes sin medicamentos; instituciones incapaces de garantizar derechos elementales y miles de familias obligadas a investigar por su cuenta la desaparición de sus seres queridos.

La pregunta es por qué esa misma energía no aparece frente a los miles de millones de pesos desviados, los contratos públicos que beneficiaron a personas cercanas al poder, las omisiones de quienes tenían la obligación de garantizar salud, seguridad y libertad, o las autoridades que han intentado invisibilizar a las víctimas del crimen en México.

¿Acaso no se traiciona también a la patria cuando se permite que sus ciudadanos sean asesinados, desaparecidos, extorsionados o despojados de sus derechos mientras quienes deberían protegerlos miran hacia otro lado?

Al paso que vamos, quienes hemos defendido el Estado de derecho, denunciado la corrupción, exigido justicia y levantado la voz contra la impunidad terminaremos siendo señalados como traidores a la patria. Pareciera que incomoda más cuestionar al poder que permitir que el crimen destruya la vida de miles de mexicanos.

De niña creía que traicionar a la patria era robarle a una familia la noche del Grito de Independencia. Hoy sé que la traición es abandonar a quienes necesitan protección, utilizar las instituciones de manera selectiva, permitir que la violencia se normalice y convertir la justicia en un privilegio reservado para unos cuantos.

Traicionar a la patria es abandonar al pueblo que se tiene la obligación de proteger. Entonces, ¿quiénes son los traidores?

Seguiremos denunciando.


Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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