Respira
Por Thelma Elena Pérez Álvarez*
El 14 de octubre, Claudia Sheinbaum firmó el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, el cual obliga a las plataformas tanto a restringir contenidos de violencia, acoso, abuso sexual, autolesiones y suicidio como a incorporar medidas de seguridad predeterminadas, verificar edades, facilitar denuncias y colaborar con las autoridades.
El documento establece que las empresas tendrán 30 días naturales para adecuar sus sistemas y reportar su cumplimiento y, si no lo hacen, el Gobierno federal plantea avanzar hacia una legislación que las contemple.
La discusión requiere reflexionar más allá de una promesa de protección tecnológica, ya que infancias y adolescencias también forman parte de la disputa por la atención, los datos personales, la salud mental y, cada vez más, por el control de los espacios donde construyen sus identidades.
El problema requiere distinguir quién diseña redes sociodigitales y plataformas, quién obtiene beneficios económicos por la actividad de estos grupos de audiencias y quiénes no asumen las consecuencias de los daños que genera un modelo de negocio basado en captar la atención, recopilar datos personales y prolongar la permanencia en línea.
A lo anterior se añade la emergencia de salud pública y violencias generadas, entre otros factores, por la normalización de desigualdades estructurales y la impunidad en México.
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 registra que 10% de las personas de 12 a 17 años experimentó malestar psicológico, aproximadamente 1.3 millones de adolescentes. Con una prevalencia de 13.2% entre las mujeres y 6.9% entre los hombres. Además, 3.3% reportó ideación suicida durante el último año.
Aunque estos datos no demuestran que las redes sociodigitales y plataformas sean la causa directa del malestar, sí evidencian la urgencia de una respuesta de salud mental accesible, preventiva y con enfoque de género.
Por otro lado, información relacionada con el impacto de la violencia en entornos digitales y la explotación y el abuso sexual facilitado por tecnologías digitales son también preocupantes.
De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2024 del INEGI, 2.9 millones de adolescentes de 12 a 17 años sufrieron ciberacoso. Es decir, 23% de quienes utilizan internet en este grupo de edad. Entre las víctimas, 1.6 millones son mujeres y 1.3 millones, hombres.
El estudio Disrupting Harm México, presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, estimó que 1.6 millones de adolescentes usuarios de internet experimentaron explotación y abuso sexual facilitado por tecnologías digitales en 2026. El 64% conocía a la persona agresora y el 32% no contó a nadie lo sucedido. Menos del 1% de los incidentes fue denunciado a la policía.
Las cifras anteriores ayudan a delinear la magnitud del problema y, sobre todo, a desmontar la idea de que “con enseñar a las familias a configurar controles parentales es suficiente”. Porque las violencias no siempre provienen de desconocidos y no desaparecen cuando una cuenta se bloquea. Existen en relaciones de confianza y ocurren por desigualdades, amenazas, extorsiones y mecanismos de silenciamiento que requieren atención psicológica, protección jurídica y acceso efectivo a la justicia.
Esta discusión adquiere otra dimensión cuando redes sociodigitales, plataformas y videojuegos se convierten en espacios de captación de adolescentes por organizaciones criminales. La investigación de la agencia de noticias Reuters, publicada en mayo de 2025, documentó que grupos delictivos reclutan y manipulan a menores, por medio de ofertas económicas, de reconocimiento y de pertenencia.
Hablar del algoritmo reclutador del narco comporta explicar que los mecanismos de recomendación, las posibilidades de interacción y los sistemas de mensajería pueden abrir la puerta a la exposición de contenidos violentos y al contacto con redes criminales. También exige admitir que quienes diseñan y gestionan las plataformas digitales controlan la infraestructura que puede amplificar o dificultar esas aproximaciones.
El decreto coloca al Gobierno federal ante una tensión política y económica al necesitar la colaboración de grandes empresas tecnológicas como Meta, Google, TikTok, Microsoft, Apple, X y Huawei, las cuales no son intermediarias neutrales y controlan sistemas, datos y capacidades técnicas indispensables para aplicar la regulación.
El desafío radica en convertir el decreto en una política integral, con presupuesto, transparencia y rendición de cuentas. Además, con acciones de alfabetización mediática acompañada de servicios de salud mental, protocolos contra las violencias, atención a víctimas y estrategias de prevención en sentido amplio con la participación activa de especialistas, escuelas y familias.
Proteger a las infancias y adolescencias no consiste en expulsarlas de internet o trasladar toda la responsabilidad a docentes y familias saturadas y cada vez más precarizadas. Significa exigir a quienes diseñan y monetizan espacios digitales que asuman obligaciones. Además, implica que el Estado debe cumplir con la obligación de garantizar educación, salud, protección y oportunidades para el desarrollo. Esto podría traducirse en la garantía de un futuro para las niñas, niños y adolescentes.
*Thelma Elena Pérez Álvarez es docente en comunicación digital, publicidad y marketing en universidades de España y México. Trabaja activamente para que el Estado mexicano garantice el derecho humano a la alfabetización mediática e informacional.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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