Respira
Por Yohali Reséndiz
Esta historia comenzó cuando un pequeño de apenas tres años empezó a presentar señales que llevaron a su madre a buscar ayuda y denunciar un posible abuso sexual cometido por su propio padre.
Denuncié el caso hace tiempo y fue atendido por distintas instituciones. El menor fue entrevistado por especialistas y autoridades; se realizaron evaluaciones psicológicas y se integraron diversos elementos a la investigación. Entre ellos se encuentran informes de profesionales, documentación institucional y testimonios relacionados con los cambios que presentó el niño.
La investigación avanzó hasta llegar a los tribunales. El pasado 21 de noviembre, un juez de Control vinculó a proceso a Carlos Atanasio Jonguitud García por el delito de abuso sexual cometido contra su hijo y le impuso prisión preventiva justificada. Sin embargo, el imputado no ingresó a prisión: se dio a la fuga.
A partir de ese momento, dejó de ser simplemente una persona sujeta a un proceso penal para convertirse en prófugo de la justicia. Luego se giró una orden de aprehensión y posteriormente se activaron mecanismos de búsqueda internacional. Actualmente cuenta con Ficha Roja de INTERPOL y existe, además, una recompensa de 150 mil pesos ofrecida por la propia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
La cobertura de diversos medios de comunicación provocó incluso un pronunciamiento público de la gobernadora Mara Lezama, quien tuvo conocimiento directo de la situación y se comprometió a que las autoridades atendieran el caso. Parecía que todos los elementos estaban sobre la mesa, pero ocurrió algo difícil de explicar.
En abril de 2026, el hombre que las autoridades estaban buscando apareció físicamente en Quintana Roo. No fue una información anónima ni una publicación en redes sociales. El prófugo de la justicia se presentó personalmente ante una notaría pública en Quintana Roo para realizar un trámite; incluso, la propia notaría confirmó oficialmente su presencia a solicitud de la Fiscalía.
Es decir: un hombre con orden de aprehensión, Ficha Roja de INTERPOL y una recompensa vigente dejó un registro oficial de que estuvo físicamente en el estado y no fue detenido.
La respuesta de la Fiscalía, hasta ahora, parece reducirse a oficios enviados a distintas áreas. Mientras tanto, el niño, su hijo, tiene hoy cinco años y permanece bajo resguardo para garantizar su seguridad.
Es decir, mientras el presunto agresor puede desplazarse libremente, realizar trámites y presentarse físicamente ante instituciones públicas, la víctima no puede vivir, jugar libremente ni estar segura en su hogar con su madre.
¿Qué sucede dentro de una institución cuando tiene las herramientas para localizar a una persona buscada por la justicia, recibe información concreta sobre su presencia y, aun así, no consigue detenerla?
Si un prófugo puede moverse libremente y aun así no ser detenido, la pregunta es: ¿qué está fallando en el sistema que debería encontrarlo y detenerlo?
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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