Respira
Por Anahí Torres*
Hay una escena que se repite a lo largo de la historia.
Ocurre cuando el poder deja de sentirse cómodo.
No importa el país.
No importa la época.
No importa el partido.
Tarde o temprano aparece la tentación de administrar la conversación pública.
Decidir quién habla.
Quién merece credibilidad.
Quién puede incomodar.
Y quién debe aprender las consecuencias de hacerlo.
Durante años pensamos que la censura tenía un rostro reconocible.
La imaginábamos entrando por la puerta principal, clausurando periódicos, apagando micrófonos o enviando policías a las redacciones.
Nos equivocamos.
La censura del siglo XXI aprendió modales.
Se volvió más sofisticada.
Más discreta.
Más difícil de identificar.
Ya no prohíbe. Desincentiva.
Ya no calla. Desgasta.
Ya no persigue ideas. Persigue a quienes las expresan.
Y quizá por eso resulta más peligrosa.
Porque las sociedades suelen reaccionar frente a los abusos evidentes, pero rara vez perciben los mecanismos silenciosos mediante los cuales las libertades comienzan a erosionarse.
Lo que ocurre hoy en México merece una reflexión profunda.
Vivimos una época paradójica.
Nunca habíamos tenido tantas herramientas para comunicar, cuestionar y participar en la conversación pública. Sin embargo, tampoco habíamos presenciado con tanta claridad la sofisticación de los mecanismos capaces de condicionar esa misma conversación.
La plaza pública ya no está en el Zócalo.
Está en las redes sociales.
En una transmisión en vivo.
En una publicación incómoda.
En una imagen compartida miles de veces.
Y quien logra influir en las reglas de esa conversación adquiere una capacidad extraordinaria para moldear la percepción pública.
Por eso la discusión sobre inteligencia artificial, identidad digital, desinformación y regulación tecnológica exige una prudencia democrática excepcional.
Porque detrás de causas legítimas pueden esconderse precedentes peligrosos.
Lo ocurrido en San Luis Potosí durante las últimas semanas ilustra con precisión esta nueva tensión entre poder y libertad.
Una reforma impulsada por el diputado local Héctor Serrano bajo el argumento de regular conductas vinculadas con la inteligencia artificial terminó detonando una crisis política, jurídica y mediática que trascendió las fronteras del estado.
La discusión dejó de ser tecnológica hace mucho tiempo.
Hoy gira alrededor de algo mucho más delicado: los límites que deben existir entre la protección de derechos individuales y la preservación de las libertades democráticas.
Las detenciones de comunicadoras, las órdenes de aprehensión contra periodistas y voces críticas, la intervención de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión y la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos colocaron a San Luis Potosí en el centro de una discusión que ninguna democracia moderna debería ignorar.
Más aún cuando en esa discusión aparecen figuras de primer nivel político como el gobernador Ricardo Gallardo Cardona; su esposa, la senadora Ruth González Silva, y un aparato institucional que hoy se encuentra bajo el escrutinio nacional.
Porque cuando una controversia jurídica involucra al poder político, a periodistas, a organismos defensores de derechos humanos, al sistema judicial y a la opinión pública nacional, el problema deja de ser local.
Se convierte en un espejo.
Un espejo incómodo que obliga a preguntarnos si estamos frente a un episodio aislado o ante el ensayo de una nueva forma de administrar la crítica en México.
Porque el objetivo nunca es únicamente ganar un caso.
El verdadero objetivo es instalar una advertencia.
Y las advertencias tienen una característica singular.
No necesitan multiplicarse.
Basta una.
Una sola detención.
Una sola investigación.
Un solo expediente.
Un solo caso convertido en ejemplo.
El resto del trabajo lo hace el miedo.
Es entonces cuando aparece el fenómeno más rentable para cualquier poder político: la autocensura.
Ese instante preciso en que un periodista decide no publicar.
Cuando un académico decide no opinar.
Cuando un ciudadano decide no compartir.
Cuando una voz crítica calcula el costo de expresarse y concluye que el precio es demasiado alto.
Ahí es donde el silencio deja de ser una ausencia.
Y se convierte en una política pública no escrita.
La historia política ofrece una lección constante: las libertades rara vez desaparecen mediante una ejecución espectacular.
Normalmente se erosionan por acumulación.
Una excepción justificada.
Un precedente normalizado.
Una denuncia ejemplar.
Una investigación que nadie cuestiona.
Un abuso que se relativiza porque la víctima resulta incómoda.
Y cuando la sociedad finalmente advierte la magnitud del problema, el terreno perdido suele ser mucho más amplio de lo que imaginaba.
Quizá por eso la pregunta más importante no sea qué ocurrirá con una ley específica, una denuncia concreta o una causa penal determinada.
La pregunta verdaderamente trascendente es otra:
¿Qué clase de ciudadanía estamos construyendo cuando expresar una opinión comienza a percibirse como una actividad de riesgo?
Porque toda democracia puede sobrevivir a la crítica.
Lo que difícilmente sobrevive es a la costumbre del silencio.
Porque las libertades rara vez desaparecen cuando alguien decide arrebatarlas.
Normalmente desaparecen cuando demasiadas personas se acostumbran a perderlas.
Y la historia ofrece una advertencia que conviene recordar:
Los gobiernos suelen creer que administran el miedo.
Hasta que un día descubren que lo único que administraban era el deterioro de su propia legitimidad.
*Anahí Torres, periodista, analista política y defensora de la libertad de expresión; una voz que incomoda al poder y acompaña a la sociedad en la búsqueda de la verdad
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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