Respira
Por anónimo.
El viejo cacique potosino Gonzalo N. Santos, amo de la región durante la segunda mitad del siglo pasado, mantenía una ley particular, de los tres ierros, para enfrentarse a sus opositores y críticos: encierro, destierro o entierro. Desde el cinismo, proclamaba también que la moral era “un árbol que da moras o sirve para pura chingada”. Una expresión del ejercicio del poder propia de un contexto autoritario, sin un espacio público de discusión para denunciar o cuestionar las tropelías de los gobernantes.
Con sus matices, pareciera que eso mismo es lo que pretenden personajes políticos como el gobernador Ricardo Gallardo Cardona —y otros a lo largo de la geografía nacional— para quienes el ejercicio de la crítica y la libertad de expresión resultan un lastre. Reflejo de un pasado que no se ha ido.
Próximo a cumplir cinco años al frente del gobierno de San Luis Potosí, Gallardo Cardona ha sido un gobernante caracterizado por un férreo control político, clientelar y la opacidad en el manejo de recursos, pero sobre todo en el culto a su imagen, desde la adulación y subordinación.
Su confrontación con la prensa, particularmente con algunos espacios periodísticos no subordinados y portales digitales, ha sido una constante a lo largo de su gobierno: del discurso estigmatizante al acoso y la persecución judicial, como ha sucedido en estas últimas semanas. Para los medios amigos hay un trato obsecuente y millones de pesos vía convenios publicitarios a cambio de coberturas informativas a modo, notas y entrevistas que destaquen sus logros; para los enemigos, la ley a secas.
Ya desde el inicio del sexenio, en el contexto de los cuestionamientos por la construcción de la Arena Potosina, una obra faraónica para espectáculos, definió su forma de entender la crítica: “Hay uno que otro portalito que, como no se les paga, y antes les pagaban, pues hoy están chingue y chingue... pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor o a una madre soltera por pagarle a esos cabrones. Mejor que sigan chingando. ¿Están de acuerdo? Entonces, si no, ¿con qué nos divertimos? Necesitamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo”, advirtió en junio de 2023.
En estos años también ha sido recurrente el ataque digital a algunos medios de comunicación que mantienen un perfil crítico de las acciones gubernamentales, que se han enfrentado a la eliminación y hackeo de sus páginas en la red social Facebook. La organización Artículo 19 documentó, entre julio y octubre de 2023, al menos 11 ataques a distintos medios, como el periódico Pulso, Astrolabio Digital o Ciudadanos Observando, entre otros, por lo que exigió a la Fiscalía General del Estado “investigar de manera diligente y expedita” los hechos, sin que a la fecha exista respuesta.
La más reciente embestida es la llamada Ley Serrano, promovida por el diputado local Héctor Serrano, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso del Estado, principal operador político de Miguel Ángel Mancera en su época de jefe de Gobierno y hoy de Gallardo Cardona. Una reforma al Código Penal de San Luis Potosí, aprobada en noviembre del año pasado, que tipificó y criminalizó como delito “el uso indebido de la inteligencia artificial para provocar alarma social” y la difusión dolosa de desinformación generada con esta herramienta.
En los hechos, es una forma de violencia institucional, un retroceso de casi 20 años cuando fueron derogados del Código Penal Federal los llamados delitos de prensa (los tipos penales de difamación, calumnia e injurias), para ser sancionados por la vía civil a través de la figura de daño moral.
Una reforma penal convertida en un instrumento, un garrote jurídico utilizado para perseguir a periodistas que escapan al control gubernamental, pero también en contra de comunicadores y creadores de contenido en páginas digitales, así como activistas políticos.
Consecuencia de ello fue la detención en mayo de tres comunicadores, señalados por este delito. En un documento de la Fiscalía General del Estado que se filtró a la prensa aparecían los nombres de 11 personas de las que el ministerio público solicitaba “actos de investigación”, algunos de ellos activistas, sin relación con el periodismo, como Roxana Herrera, secretaria de Formación Política de Morena en San Luis Potosí.
Las denuncias habían sido presentadas por el diputado local Héctor Serrano, como ocurrió en el caso del periodista Juan Pablo Moreno, con más de cuarenta años de trabajo profesional; en otros, fue la senadora Ruth González Silva, esposa de Gallardo Cardona, quien presentó la denuncia. Tras las críticas no solo a nivel local y el pronunciamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, la Fiscalía General del Estado rechazó que hubiera dicha persecución y la existencia de más investigaciones en contra de periodistas por uso de inteligencia artificial.
Hasta ahora, las personas detenidas han sido puestas en libertad por el Juez de Control luego de llegar a acuerdos reparatorios con la Fiscalía. El más reciente, apenas este fin de semana, fue Christian Herrera, propietario de la página digital Código Rojo, cuyo acuerdo para la reparación del daño implica que deberá modificar su conducta pública y no podrá convocar a ciudadanos a enviarle denuncias relacionadas con presuntos abusos, amenazas o extorsiones atribuidas a corporaciones policiales.
Ese es el ambiente que se vive en San Luis. Más allá de una reforma penal o de un grupo de periodistas o activistas asediados judicialmente, lo que está en juego es el espacio que el poder concede a la crítica y a la libertad de expresión.
Los tiempos que se viven son muy distantes de aquellos del viejo cacique Gonzalo N. Santos, los métodos también, aunque persistan resabios en la forma de ejercer el poder y de castigar a quienes disienten. Quizá la diferencia no radique en la tentación del poder político en turno de controlar la crítica, sino en los instrumentos utilizados para hacerlo.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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