Respira
Por anónimo.
Durante las últimas semanas la discusión pública en San Luis Potosí se ha concentrado en la llamada Ley Serrano, en las detenciones de comunicadoras, en las denuncias contra periodistas y en la creciente confrontación entre distintos grupos políticos que ya comenzaron a moverse rumbo al proceso electoral de 2027.
Sin embargo, detrás de cada declaración, de cada posicionamiento y de cada carpeta de investigación existe una discusión más profunda que pocas veces se aborda: el ambiente en el que actualmente se ejerce el periodismo en el estado.
Porque el problema ya no parece limitarse a una reforma relacionada con inteligencia artificial o a una denuncia en particular. Lo que se ha ido construyendo poco a poco por parte del Partido Verde y su carácter punitivo es un escenario donde cuestionar al poder resulta cada vez más complejo, no necesariamente por una amenaza directa, sino por la suma de factores políticos, jurídicos e institucionales que terminan generando el mismo efecto.
Durante semanas, el debate se centró en si la llamada Ley Serrano representaba o no un riesgo para la libertad de expresión. Las detenciones de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, las críticas de organizaciones nacionales e internacionales, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los constantes posicionamientos de distintos actores parecían colocar toda la discusión en una sola pregunta.
Sin embargo, la reciente revelación de una denuncia por presunta extorsión contra un periodista y director de un medio de comunicación dejó una lección incómoda: el problema no está únicamente en la legislación relacionada con inteligencia artificial. El riesgo también se encuentra en la acumulación de herramientas penales cada vez más amplias, ambiguas o sujetas a interpretación, disponibles para quien tenga la capacidad de activarlas desde el poder.
Desde hace meses especialistas han advertido sobre una tendencia preocupante en San Luis Potosí: la constante modificación del Código Penal como respuesta inmediata a prácticamente cualquier problema social. Violencia digital, inteligencia artificial, halconeo, extorsión, maltrato animal, delitos sexuales, nuevas agravantes y nuevas facultades de investigación se han incorporado a una velocidad pocas veces vista.
Muchas de esas problemáticas son reales y requieren atención institucional. El problema aparece cuando la respuesta automática consiste en ampliar el catálogo de delitos sin discutir suficientemente sus alcances, consecuencias y posibles efectos sobre otros derechos fundamentales. Lo ocurrido en las últimas semanas demuestra precisamente eso: cuando las normas se redactan con conceptos amplios o ambiguos, el riesgo deja de depender del nombre específico del delito y comienza a depender de quién tiene la capacidad de activar el aparato institucional.
Ese contexto impacta directamente en el ejercicio periodístico.
La cercanía del proceso electoral de 2027 ya ha comenzado a tensar la relación entre los grupos políticos más importantes del estado. Las disputas entre el gallardismo, el galindismo y otros actores ya forman parte de la conversación cotidiana. En medio de esa confrontación, la prensa ha quedado atrapada en una lógica cada vez más difícil de romper. Dependiendo de la pregunta que se formule, de la investigación que se publique o del tema que se decida abordar, inmediatamente aparecen intentos por colocar al periodista dentro de algún bando político.
Si se cuestiona a un actor político, se asume que se trabaja para su adversario. Si se publica información incómoda sobre otro grupo, se interpreta como una operación política. Y si se mantiene una postura crítica frente a todos, las críticas terminan llegando desde todos los frentes. La discusión deja de centrarse en la información y se traslada a la supuesta intención de quien la publica.
Esa dinámica termina afectando la forma en que se ejerce el periodismo. No porque los reporteros dejen deliberadamente de hacer preguntas, sino porque cada vez resulta más complicado realizar su trabajo en un entorno donde cualquier cuestionamiento puede convertirse en un conflicto político. Hay funcionarios que dejan de responder, otros que buscan desacreditar públicamente al periodista, algunos que intentan exhibirlo en redes sociales y otros que simplemente optan por cerrarle el acceso a la información. El resultado es un ambiente cada vez más hostil para una actividad que, en teoría, debería formar parte normal de cualquier democracia.
Mientras tanto, los mecanismos que deberían funcionar como contrapeso se han debilitado. Las instancias de protección a periodistas han perdido fuerza, capacidad de incidencia y confianza dentro del propio gremio. El Mecanismo Estatal de Protección se fue debilitando con los años hasta perder relevancia para buena parte de quienes deberían sentirse respaldados por él. La antigua comisión temporal legislativa de atención a periodistas desapareció sin que sus planteamientos se tradujeran en acciones concretas, y las propuestas para fortalecer las garantías del ejercicio periodístico suelen quedarse atrapadas entre limitaciones presupuestales, trámites administrativos o simples omisiones institucionales.
La paradoja es evidente. Mientras se multiplican las herramientas para perseguir, investigar y sancionar, los instrumentos destinados a proteger el ejercicio periodístico permanecen inmóviles o simplemente desaparecen. Al mismo tiempo que se amplían facultades para castigar conductas cada vez más diversas, las condiciones para ejercer el periodismo se vuelven más precarias y complejas.
Quizá por eso resulta especialmente simbólico que, en medio de toda esta discusión, durante la entrega del Premio Estatal de Periodismo se insistiera en que la libertad de expresión convive con otros derechos y encuentra límites en la paz pública, la moral o los derechos de terceros.
Es un argumento que jurídicamente puede parecer razonable. Sin embargo, históricamente también suele aparecer cuando el poder comienza a sentirse incómodo con la crítica. Porque la discusión nunca ha sido si existen límites. La verdadera pregunta es quién los define, quién decide cuándo una crítica deja de ser crítica, cuándo una publicación se convierte en agresión o cuándo una investigación periodística merece la intervención del aparato estatal.
San Luis Potosí todavía no es una zona de silencio. Pero las zonas de silencio tampoco aparecen de golpe. Se construyen gradualmente, cuando un grupo tiene el poder o control absoluto de las instituciones, cuando las reformas amplían el margen de actuación del poder punitivo, cuando los mecanismos de protección se debilitan, cuando la crítica comienza a verse como una amenaza y cuando periodistas, comunicadores o ciudadanos empiezan a preguntarse si vale la pena formular determinadas preguntas.
Esa es, quizá, la advertencia más seria de todas.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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