Respira
Por anónimo.
Si Ricardo Gallardo Cardona decidió incorporar a Héctor Serrano Cortés a su proyecto político, fue porque vio utilidad en sus métodos de persecución contra la prensa incómoda.
Serrano no llega a San Luis Potosí por casualidad. Durante años fue uno de los operadores políticos más poderosos del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Desde posiciones estratégicas acumuló control político y capacidad de operación. Su nombre quedó asociado posteriormente a investigaciones periodísticas que documentaron estructuras de espionaje, seguimiento y vigilancia contra opositores, activistas y periodistas durante aquella administración.
Por eso su llegada a San Luis Potosí resulta especialmente significativa. Si Gallardo decidió sumarlo a su proyecto fue porque encontró utilidad en un perfil acostumbrado a contener críticas, presionar adversarios y operar conflictos políticos. Y si algo ha caracterizado al gallardismo desde sus orígenes es precisamente su relación conflictiva con la prensa que no se alinea.
Experto en acoso judicial a periodistas, autor material de cambios legales para perseguir a trabajadores de medios de comunicación como medios de inmovilización adicionales a las amenazas o la presión que representa el asesinato de comunicadores, Serrano Cortés ahora se prepara para pavimentar el camino de la esposa del actual gobernador, la diputada federal por el Partido Verde Ruth González Silva, para convertirse en la sucesora de su cónyuge en el cargo y para asegurarle que la prensa incómoda no la molestará.
El acoso judicial hacia periodistas y defensores de derechos humanos, donde el autor intelectual es el gallardismo, pero cobardemente endosado a un autor material que trabaja en San Luis para ensuciarse las manos por los Gallardo, es apenas el principio de lo que viene para un movimiento de políticos que usan a la gente para su beneficio, apoyados en prácticas populares como el reparto de dádivas a la gente que luego cuchichean en contra de los trabajadores de medios de comunicación.
En medio de un discurso hipócrita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona como de su secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres (responsable de los mecanismos de protección a periodistas), está el equipo que se acercó desde el principio para tratar de que la prensa los "trate bien".
La reforma legal que castiga la libre expresión y la manda a la cárcel es un paso más en el escalón de las presiones que el gallardismo ejerce desde que comenzó a gobernar en el municipio de Soledad, en octubre de 2009.
Por entonces, el acoso a los periodistas comenzaba con personajes extraños de bajo perfil que se rumoraba pertenecían a bandas delictivas y llegaron a interceptar a trabajadores de los medios de comunicación para señalarles el camino por donde debían cubrir las noticias del pionero de los Gallardo, el ahora diputado federal Ricardo Gallardo Juárez.
El ex primer presidente municipal de los Gallardo y ahora diputado federal escupía palabras de odio contra reporteros mientras pronunciaba sus discursos en eventos pagados con recursos públicos. Su hijo hace lo mismo en sus discursos y actos públicos de gobernador, de los que sobran transmisiones y videos para comprobarlo.
Los Gallardo se fueron apropiando primero del municipio de origen, luego del partido político y después de la presidencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, en la que nombraron en todos los cargos solo a incondicionales y desplazaron a los fundadores del partido del sol azteca, para dejarlos en trabajos marginales o para que se fueran a Morena en 2015.
Ya como dueños absolutos y cuando la dirigencia nacional del PRD trató de recuperar el partido, para entonces ya había funcionado en parte el método para alinear periodistas. Los Gallardo se inventaron sus propios medios de comunicación y crearon un discurso propio.
Una extraña jugada sacó de quicio a los comunicadores, sobre todo a los alineados, cuando, aprovechando las debilidades de Ricardo Gallardo Cardona, ya por entonces aspirante a gobernador y acusado de impresentable por su propio partido, fue detenido en un operativo que afectó a toda la ciudad. Un apagón que bloqueó las lámparas de la calle, la luz de las casas y las tiendas, semáforos y grandes industrias, se resolvió cuando ya por todo San Luis se sabía que el alcalde con licencia de Soledad y sucesor de su padre fue detenido en un operativo que lo llevó a un penal de máxima seguridad. Era el inicio de 2015.
Después de la detención, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo presentaría como detenido por un cuantioso fraude fiscal, pediría a la población que lo denunciara y le agregaría cargos de delincuencia organizada. Su padre, Gallardo Juárez, era candidato a presidente municipal de San Luis Potosí y ganó la elección.
La relación con la prensa se suavizaría, pero por aquella época el periodista Daniel Esqueda fue asesinado y su muerte no ha sido investigada, de la que culpaban al “Cártel de la Ministerial”, apodo para un grupo de policías acusado de extorsiones.
La relación de los Gallardo con los periodistas se polarizó en 2018, cuando los querían alinear en la temporada de votaciones por el municipio de San Luis Potosí para el proyecto de reelección del ahora diputado federal Ricardo Gallardo Juárez, padre del gobernador actual, quien competía mientras su hijo era candidato a diputado federal.
En tanto que Gallardo Cardona ganó el distrito, Gallardo Juárez perdió la elección mientras integrantes del antiguo navismo y los priistas dirigieron sus campañas electorales a los moches que la alcaldía cobraba a empresarios y comerciantes. El periodista Omar Niño sufrió acoso mediático y luego otros reporteros de la época, solo por no alinearse al gallardismo.
En el transcurso de su cargo como diputado federal, Gallardo Cardona consiguió silenciar al Consejo Estatal Electoral y al Instituto Nacional Electoral mientras pintaba muros en todo el estado con la leyenda "El futuro es verde", rompiendo reglas sobre propaganda fuera de los tiempos de campaña. Al mismo tiempo, en San Lázaro, él y otros diputados se salieron de la fracción parlamentaria del PRD para pasarse al Partido Verde, mientras el gobierno de Juan Manuel Carreras le permitía aplicar su propia ley.
El odio a los no gallardistas se manifiesta de diferentes maneras: publicaciones en internet con acusaciones de corrupción supuestamente provenientes de otros gobiernos o actores, persecución y ciberacoso, amenazas directas de mensajeros, funcionarios o la propia familia Gallardo, así como personas o familiares de quienes se han beneficiado de nombramientos en cargos que les dan un sueldo.
La gota que derramó el vaso es la "Ley Serrano", o "Ley Ruth", o "Ley Gallardo", aprobada para encarcelar periodistas por herir susceptibilidades entre los funcionarios. La cobardía es de tal tamaño que el gobernador ni siquiera se presentó en la entrega de premios de periodismo, pero mandó como su mensajero al jefe del que dicen ellos es el mecanismo de protección a periodistas, un espacio donde hay un grupo de vigilancia que, según se sabe, nada más acude a sesiones para enterarse de los chismes de las cosas que afectan a los periodistas.
Además, el panorama empeora con una fiscalía local que no es autónoma y, para algunos, una institución que trabaja bajo presión del Poder Ejecutivo; fiscalía encabezada por una abogada que perdió más de 50 años de prestigio y carrera por defender una ley que hace daño a la libre expresión.
Con la lealtad y el profesionalismo quebrados por el poder corruptor de los señores Gallardo y el uso de terceros para ensuciarse las manos, como Héctor Serrano, se ve imposible que la justicia se aplique en ese territorio.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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