Respira
Por anónimo.
Cuando existen amenazas legales, dependencia económica, precariedad en las condiciones laborales, riesgos de seguridad, restricciones de acceso a información y campañas de hostigamiento, la mayoría de los periodistas suelen optar por evitar determinados temas para proteger su integridad, su empleo o la viabilidad de sus medios. Esa es la realidad que hoy ocurre en San Luis Potosí y que lleva a preguntarse si pesa más la censura o la autocensura, que es un viejo debate que mi profesor de periodismo Samuel Bonilla solía cuestionar a principios de los años noventa.
El encarcelamiento reciente de periodistas en el marco de la llamada "Ley Serrano" generó preocupación a nivel local y esas voces que desafiaron al todopoderoso diputado Héctor Serrano lograron que aliados nacionales e internacionales advirtieran de los riesgos de esa ley: judicialización y criminalización de la labor periodística. Por cierto, dicha ley fue sospechosamente aprobada en una sesión casi al vapor en la que no era el tema principal.
Esa reforma al Código Penal de San Luis Potosí fue impulsada por el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés. La iniciativa se presentó en noviembre de 2025 y fue aprobada por el Congreso del estado ese mismo mes con el apoyo de legisladores del PVEM, Morena y PT. Prevalece la idea en los ambientes de la política local de que contra el legislador Serrano nadie se enfrenta, sea porque maneja el presupuesto o por la cercanía con el gobernador Ricardo Gallardo, lo cual deriva en un aumento del miedo a publicar investigaciones sensibles y en un mayor riesgo de autocensura.
Quedan muy pocos esfuerzos locales de periodismo independiente y crítico en San Luis Potosí. La gran mayoría de los medios de comunicación dependen de la publicidad gubernamental. A la fecha, no se ha legislado para que los recursos públicos se entreguen con ciertos criterios de equidad, además de que existe un creciente número de medios digitales de origen incierto o con vínculos con los grupos de poder. Esta situación genera presiones directas e indirectas sobre las líneas editoriales, especialmente cuando la continuidad financiera del medio depende de recursos públicos.
También existen medios con un respaldo financiero importante, generalmente de grupos empresariales, pero ahí suelen pesar más las históricas alianzas entre los grupos de poder económico y quienes detentan el poder político. En cualquier caso, los que están en la trinchera siguen siendo los reporteros, los periodistas del día a día, que además de las presiones de sus jefes para “cuidar” esas relaciones, deben medir el terreno para no arriesgar sus empleos.
Por cierto, esos empleos, en la capital potosina —peor aún en el periodismo regional de los municipios— y en especial para quienes trabajan en los nacientes portales digitales que pretenden ser autónomos, enfrentan sueldos precarios, en promedio cercanos a ocho mil pesos al mes o el salario mínimo. Además, enfrentan la falta de prestaciones y seguridad social, jornadas extensas y multifuncionales. Casi siempre hay que tener dos empleos para subsistir.
El gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde de la capital, Enrique Galindo, están enfrentados políticamente porque defienden proyectos distintos, o al menos eso intentan “vender”. Esa polarización también ha influido en la cobertura mediática y en la distribución de convenios de publicidad. Ambos representan a grupos de poder que se medirán en las elecciones de 2027.
Si bien en San Luis Potosí no hay una presencia tan abierta o evidente del crimen organizado, sí es un secreto a voces entre los periodistas que “con los malos no nos metemos”. Es una preocupación permanente. Esa vocación de los colegas de la frontera norte, que han aprendido a lidiar con ello desde hace décadas, acá todavía no es una práctica común. No hay quien se haya atrevido de forma frontal a cubrir la nota roja desde ese ángulo; se limita a los boletines de prensa de las corporaciones policiacas, a las balaceras que ocurren tradicionalmente en los barrios conflictivos y a lo que los ciudadanos y vecinos publican en redes sociales.
Todo suele ser sutil: la discriminación de medios, la invitación selectiva para la cobertura de eventos, hasta la filtración de agendas oficiales o no, se han vuelto prácticas cotidianas, lo cual afecta el derecho ciudadano a estar informado.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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