Por Brenda Lugo*
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En febrero de 2026, el periódico EL PAÍS fue cuestionado después de publicar una narración particularmente explícita sobre la agresión sexual de un alto mando policial español contra una subordinada.

El texto, firmado por J. J. González, abundaba en los detalles de la agresión y provocó la indignación de algunos lectores. Las quejas llegaron hasta la Redacción: Teresa Revenga, suscriptora del diario, lo consideró “un relato innecesario”; creía que los detalles “revictimizan a la mujer que ha denunciado, la exponen públicamente y fomentan el morbo”.

El periódico respondió.

Lo hizo públicamente y atendiendo las inconformidades de sus lectores. Isabel Valdés, corresponsal de género de EL PAÍS, defendió que los detalles, “sin entrar en el morbo, son necesarios para la comprensión de lo ocurrido”. De no hacerlo, “impide que el lector comprenda su verdadera dimensión", dijo.

La respuesta no tendría nada de extraordinario si no fuera porque EL PAÍS lleva décadas haciendo algo que todavía resulta extraño en los medios mexicanos: dar explicaciones a sus lectores a través de la figura del Defensor del Lector.

En todos estos años, el periódico ha explicado a sus lectores por qué toma determinadas decisiones editoriales. En algunas ocasiones ha reconocido que pudo hacerlo mejor y, en más de una, ha admitido que un contenido incumplió su propio Libro de Estilo y ha terminado corrigiéndolo. En su lectura, cada texto se vuelve una clase magistral de periodismo para las redacciones.

Todo esto me vino a la cabeza la semana pasada por un texto de Pablo Ferri.

No voy a entrar en el debate simplista que se generó durante los últimos días para decidir si Ferri es un buen o un mal periodista. Conozco su trabajo, lo sigo desde hace tiempo y lo admiro. Eso tampoco significa que crea que aquel texto estuvo bien.

Pero aquí lo importante es otra cosa.

El derecho que tenemos los lectores a cuestionar la información que recibimos y la obligación de los medios de explicar las decisiones que toman.

Algo así como un derecho de la audiencia. ¿Les suena?

Después de la polémica escribí a la Defensora del Lector de EL PAÍS, una figura independiente dentro del periódico que recibe dudas, críticas y reclamaciones, revisa las decisiones editoriales que las originaron y, cuando corresponde, pide explicaciones a periodistas y editores.

Mi duda tenía que ver con las licencias narrativas que Ferri se había permitido al reconstruir el multihomicidio de Atizapán y, particularmente, con aquellas en las que atribuía emociones y estados interiores a un niño que sobrevivió a la masacre.

Ana Lorite, actual Defensora del Lector, me respondió.

Su conclusión fue que, aun tratándose de una crónica, algunos de esos recursos literarios no se ajustaban a las normas del Libro de Estilo del periódico.

“Ni Ferri estuvo ahí, ni ha hablado con el niño”, me dijo.

También contestó a mi pregunta sobre si un reportero puede atribuir miedo, desconcierto, pensamientos o determinadas percepciones cuando no tiene constancia de que la víctima los haya expresado. Su respuesta fue clara: NO.

No abundó mucho más, pero tampoco hacía falta. La sola respuesta me dejó una satisfacción como lectora. No porque me alegrara que un periodista pudiera haberse equivocado, sino por ese compromiso que se ha dado el medio para responder a sus lectores. 

Parece poca cosa, pero no lo es.

Desde que descubrí el apartado del Defensor del Lector de EL PAÍS me he dedicado a leer antiguas reclamaciones, dudas y respuestas. Algunas parecen extraordinariamente pequeñas: una palabra, un titular, una fotografía, una fuente insuficientemente identificada. Otras abren dilemas enormes sobre violencia, víctimas, privacidad, presunción de inocencia o los límites entre información y opinión.

El caso de Pablo Ferri revela la necesidad de cuestionarnos qué hacemos con los errores del periodismo una vez que han sido señalados.

En su última publicación, la Defensora del Lector de EL PAÍS, Ana Lorite, escribe:

“Que un diario no cometa erratas es metafísicamente imposible como lo es la existencia de un círculo cuadrado, pero desde este puesto haré todo lo que esté en mi mano para que se reduzcan. Los textos que EL PAÍS publica deben cumplir con todos los estándares de calidad, y cuando así no sea, se corregirán los errores y pediré disculpas en nombre de los periodistas de esta Redacción”.

En pocas palabras: los buenos periodistas se equivocan y los buenos periódicos lo reconocen.

Quizá eso es lo que deberíamos estar debatiendo hoy. Definir qué figuras o mecanismos necesitamos para que los lectores podamos cuestionar una decisión editorial, un contenido o señalar un error, recibir una explicación y, cuando corresponda, una rectificación. No para darnos la razón, ni para convertirlo en una herramienta de censura, sino para reconocer que también los medios —que todos los días exigen cuentas a los demás— deben estar dispuestos a rendirlas.

Convendría discutir eso antes de mandar a la hoguera a un reportero.

*Soy queretana y egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Mis publicaciones se encuentran en diversos medios digitales locales y nacionales.  Trabajo en adentrarme en el terreno pantanoso de la política, a veces desde el periodismo, otras veces desde sus profundidades. Hago análisis político y descifro el lenguaje del poder.  Formo nuevas generaciones de periodistas en la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Anáhuac, devoro podcasts y nunca dejo de escribir.

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IG: bren_lugo_ X: @bren_lugo

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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