Respira
Por Cristina Gutiérrez
Desde hace casi tres años, el gobierno israelí ha insistido una y otra vez en que las operaciones militares en Gaza responden a la necesidad de “erradicar el terrorismo” y “garantizar la seguridad” del Estado de Israel, a partir de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Esa narrativa, sostenida a fuerza de repetición, se derrumba cada vez más ante la evidencia que los propios responsables del gobierno israelí han ido dejando semana tras semana en sus propias declaraciones. En los últimos días, los tres ministros más poderosos del gabinete de Benjamín Netanyahu han dejado claro, a través de sus acciones, que el verdadero objetivo de Israel va mucho más allá del “derecho a defenderse” que durante años nos han tratado de vender.
La semana pasada, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, presentó el proyecto “Desconexión 710”, un plan que contempla la expulsión de 250,000 palestinos de la Franja de Gaza en un año para enviarlos al extranjero; 1.11 millones en tres años, y culminar con el destierro de 1.86 millones de habitantes del enclave al cumplirse siete años. Ben Gvir ha afirmado descaradamente que el plan, que no es otra cosa que el desplazamiento forzado de casi la totalidad de la población de Gaza, contempla una “salida voluntaria” y asegura que hay países dispuestos a recibir a los desplazados, aunque no ha dicho cuáles. Las últimas declaraciones del ministro ultraderechista se dan poco después de haber sugerido el asesinato de entre 30 y 40 palestinos cada noche en Gaza, y ponen en evidencia el proyecto de limpieza étnica del régimen israelí.
