Respira
Por Diana Murrieta*
Cada vez que se habla de una Alerta de Violencia de Género aparecen dos posturas opuestas. Para algunas personas, representa una evidencia del fracaso del Estado para proteger a las mujeres. Para otras, cualquier reducción en ciertos indicadores basta para afirmar que el problema está resuelto. En mi opinión, ninguna de las dos posiciones refleja realmente lo que es este mecanismo.
Hace unos días, el Congreso de la Ciudad de México dio a conocer avances en las acciones implementadas a partir de la Alerta de Violencia de Género declarada en la capital, destacando resultados en materia de prevención, coordinación institucional y fortalecimiento de políticas públicas.
Pero, antes de preguntarnos si la alerta "funciona", vale la pena entender qué es.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no es un programa social ni una estrategia de seguridad pública. Es un mecanismo extraordinario previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias que obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar acciones urgentes cuando existe un contexto de violencia feminicida o de violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres.
Su objetivo tampoco consiste únicamente en reducir los feminicidios. La alerta busca corregir fallas estructurales: mejorar las investigaciones, fortalecer las instituciones, prevenir las violencias, generar información confiable, capacitar a las personas servidoras públicas, recuperar espacios públicos y garantizar mejores condiciones de acceso a la justicia.
Es decir, evalúa la capacidad del Estado para responder, no únicamente el comportamiento de la delincuencia. Ahí es donde suele surgir la confusión.
Cuando la ciudadanía afirma que todavía siente miedo al caminar por la ciudad, probablemente tenga razón. La percepción de inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para cualquier gobierno. Sin embargo, esa percepción, por sí sola, no basta para medir si una Alerta de Violencia de Género está cumpliendo sus objetivos.
Las alertas trabajan sobre procesos institucionales cuyos resultados suelen observarse en el mediano y largo plazo. La apertura de nuevas unidades especializadas, la capacitación obligatoria de ministerios públicos, la creación de protocolos de investigación, la coordinación entre dependencias o el fortalecimiento de los servicios para las víctimas difícilmente modificarán, de inmediato, la sensación cotidiana de seguridad.
Eso no significa que sean irrelevantes. De hecho, uno de los principales problemas históricos en México ha sido evaluar las políticas públicas únicamente por el número final de delitos registrados, sin preguntarnos si las instituciones realmente están haciendo mejor su trabajo.
Una fiscalía puede comenzar a investigar más feminicidios correctamente. Una policía puede mejorar la atención a las víctimas. Un juzgado puede emitir medidas de protección con mayor rapidez. Todo ello representa avances institucionales, incluso si la violencia no desaparece de un día para otro.
Por supuesto, tampoco se trata de celebrar cualquier acción gubernamental únicamente porque exista una alerta.
Las Alertas de Violencia de Género deben estar sujetas a evaluación constante, indicadores claros, transparencia y rendición de cuentas. La pregunta correcta no es si se realizaron acciones, sino si esas acciones modificaron las condiciones que permitían la violencia contra las mujeres.
Eso debe traducirse en mujeres que reciben protección oportuna, investigaciones más sólidas, menos impunidad y mayor confianza para denunciar.
En otras palabras, el éxito de una alerta no debería medirse solamente por cuántas luminarias fueron instaladas, cuántos funcionarios fueron capacitados o cuántas reuniones interinstitucionales se realizaron. Tampoco únicamente por la percepción ciudadana de inseguridad.
Debe medirse por una combinación de ambas cosas: instituciones que funcionan mejor y mujeres que realmente viven más seguras.
Mientras sigamos confundiendo seguridad pública con política de igualdad, o percepción con evaluación institucional, seguiremos haciendo diagnósticos incompletos.
Las Alertas de Violencia de Género no son la solución definitiva a la violencia contra las mujeres. Nunca fueron diseñadas para eso.
Son, más bien, un mecanismo para recordar que, cuando el Estado falla de manera sistemática en proteger a las mujeres, ya no basta con prometer cambios: está obligado a implementarlos y demostrar, con resultados, que esos cambios están ocurriendo.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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