Respira
Por María del Carmen Alanis*
Hace 73 años, las mujeres mexicanas conquistamos el reconocimiento constitucional de nuestro derecho a votar y ser electas. Aquella reforma abrió una puerta que generaciones de mujeres han ensanchado mediante organización, litigios, acuerdos y perseverancia. Hoy debemos preguntarnos no solamente cuántas hemos llegado, sino para qué llegamos y en qué condiciones ejercemos el poder.
El 16 de octubre participé en el Encuentro Nacional por los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres y la Democracia Paritaria, convocado por el Instituto Nacional Electoral. Moderé un panel con Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Janine Otálora Malassis, Patricia Mercado Castro y Joanna Felipe Torres. Más que discursos preparados, compartimos experiencias, aprendizajes y preocupaciones sobre los derechos conquistados y su futuro.
Una de ellas fue el relevo generacional. Joanna recordó cómo, siendo una joven abogada, encontró referentes en mujeres que hoy compartimos la mesa. Su testimonio me recordó que podemos abrir caminos sin advertir cuánto significan nuestros actos para quienes vienen detrás. Pero también necesitamos que las nuevas generaciones tomen la estafeta, aporten otras preguntas y renueven nuestras formas de hacer política.
Conozco el valor de esa continuidad desde la justicia electoral. La paridad no nació de una concesión: fue construida por mujeres que acudieron a los tribunales y por decisiones que impidieron eludir las cuotas mediante prácticas partidistas. La sentencia de 2011 sobre las fórmulas de candidaturas marcó un parteaguas; las reformas constitucionales de 2014 y 2019 ampliaron después las obligaciones de igualdad.
Sin embargo, la justicia electoral no puede limitarse a abrir el acceso. Debe proteger el ejercicio efectivo de los derechos, interpretar las normas conforme al principio de progresividad y evitar que la autodeterminación partidista justifique retrocesos. También debemos defender las defensorías especializadas y evaluar los protocolos: crearlos no basta si carecen de recursos, seguimiento y resultados.
La organización electoral tiene responsabilidades igualmente concretas. La igualdad se decide en la selección de candidaturas, la asignación de distritos competitivos, el financiamiento, la fiscalización y la protección durante las campañas. Una lista paritaria no garantiza competencia equitativa; tampoco asegura que una mujer electa pueda decidir libremente cuando llega al cargo.
El estudio de ONU Mujeres, Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias, aporta evidencia elocuente. Entre las candidatas legislativas encuestadas sobre el proceso electoral 2023–2024, el 95.3% de las federales y el 95.9% de las locales reportaron alguna forma de violencia durante sus campañas. Participaron 615 candidatas de distintos niveles; la muestra no es estadísticamente representativa de todas las postulantes, pero revela patrones preocupantes.
Más inquietante aún: de cada cien candidatas que experimentaron violencia, aproximadamente dieciocho denunciaron y solo cuatro obtuvieron una resolución que la reconoció. La investigación advierte que, una vez asegurada formalmente la presencia femenina, la violencia puede orientarse a controlar quién compite, con qué recursos y con cuánta autonomía.
La perspectiva internacional refuerza esta reflexión. La CEDAW y los estándares interamericanos nos recuerdan que la participación política exige igualdad real y protección frente a la violencia. En un trabajo con Naciones Unidas sobre Oaxaca conocí la dificultad de garantizar los derechos de mujeres indígenas en comunidades regidas por sistemas normativos propios. Reconocer un triunfo no basta si después dejamos sola a quien debe ejercerlo: el acompañamiento institucional y social resulta indispensable.
Por eso insistí durante el panel en la sororidad. Cuando presidí el Tribunal Electoral y después como magistrada, el respaldo de Mujeres en Plural me sostuvo en sesiones difíciles. Desde mi trayectoria independiente, encontré en mujeres de distintas convicciones un acompañamiento invaluable. Podían cuestionar mis criterios y, al mismo tiempo, respaldarme en el ejercicio de mis responsabilidades. Esa solidaridad crítica y plural no exige unanimidad.
Las experiencias compartidas mostraron que las alianzas tampoco son sencillas. Existen diferencias ideológicas, partidistas y generacionales que debemos reconocer, no ocultar. Pero discrepar no debería impedirnos construir acuerdos sobre derechos fundamentales. La defensa de la igualdad necesita causas comunes, incluso en contextos de polarización, y también hombres comprometidos con la justicia.
La sororidad no debe terminar el día de la elección. Tenemos que acompañar a las mujeres antes de llegar, durante su gestión y después de dejar el cargo. Muchas enfrentan aislamiento, represalias o dificultades para reconstruir sus trayectorias. Necesitamos redes permanentes, mentorías para las jóvenes y alianzas capaces de transformar las decisiones públicas.
Conmemoramos 73 años del reconocimiento del voto femenino, pero todavía no podemos celebrar el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos. La paridad abrió las puertas de las instituciones. La igualdad sustantiva debe garantizar que, una vez dentro, las mujeres podamos decidir, transformar y ejercer nuestros derechos con libertad, autonomía y sin violencia; y la sororidad puede ayudarnos a mantener esas puertas abiertas para las que vienen.
*Ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultora internacional.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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