Por Magda Guardiola*
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El reciente proceso electoral en Coahuila ha dejado un mapa político definido, pero también reveló una realidad alarmante: la parálisis de un Poder Legislativo que parece haber olvidado su deber de representar a la sociedad para convertirse en un mero apéndice de la oficina del gobernador. Mientras el PRI celebra un “carro completo” y Morena cura sus heridas denunciando una “elección de Estado”, el ciudadano queda atrapado entre la propaganda mediática y un Congreso que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ostenta el título de ser el de menor actividad en México.

La productividad de la LXIII Legislatura sufrió un desplome histórico. Según registros oficiales, al cierre de 2024 la actividad legislativa cayó en más de un 60 por ciento en comparación con años previos. Para dimensionar este vacío: mientras que en noviembre de 2020 se ventilaron 107 iniciativas en un solo mes, en todo el año 2024 apenas se produjeron 90 documentos, de los cuales solo 19 han sido decretados. Es decir, nuestros representantes están generando apenas siete u ocho iniciativas al mes, una cifra insultante para un estado con desafíos crecientes.

Lo más preocupante no es solo la falta de volumen, sino la sumisión del criterio. Gran parte de la carga de trabajo —si es que se le puede llamar así— proviene directamente de la administración del gobernador Manolo Jiménez o de proyectos municipales, dejando en evidencia que el Congreso funciona como una oficialía de partes del Ejecutivo y, en ocasiones, como una extensión municipal.

En este escenario, resulta una ironía cínica que al menos cinco de los actuales diputados buscaran la reelección en este proceso electoral; piden más tiempo quienes no supieron aprovechar el que ya tenían para desahogar asignaturas pendientes críticas, como las leyes secundarias de la Reforma Judicial, los paquetes económicos y dictámenes municipales que siguen durmiendo el sueño de los justos en comisiones.

El contexto electoral del 2026 ha ratificado la hegemonía del PRI, cuyo dirigente nacional, Alejandro Moreno, asegura que Coahuila envía un mensaje de que “el PRI sabe gobernar” y da resultados. Sin embargo, el revés a Morena —que a pesar de consolidarse como segunda fuerza política no logró romper el cerco— y el colapso de partidos como el PAN, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano cuentan una historia de abandono social.

Estos últimos partidos cayeron de la cuerda floja, sin red, y perdieron su registro estatal al no alcanzar siquiera el 3 por ciento de la votación, mientras que el Partido del Trabajo estuvo a 0.6 por ciento de perderlo. Su debacle no es gratuita; es la consecuencia directa de la falta de estructura política, la ausencia total de trabajo de campo y una desconexión absoluta con las necesidades de la gente. Un partido que no pisa la calle y un diputado que no legisla son dos caras de la misma moneda: la vacuidad política.

Coahuila no necesita un Congreso austero en ideas y sumiso en acciones. Necesita un contrapeso real que entienda que su mandato emana del pueblo, no de una oficina en Palacio de Gobierno. Mientras la productividad siga en picada y los legisladores sigan viendo su curul como un premio de permanencia y no como una responsabilidad de servicio, la democracia coahuilense seguirá siendo una simulación de “paz” que solo oculta el silencio de los pasillos legislativos.

*Magda Guardiola es reportera del desierto,  especialista en investigación, datos y tribunales.


Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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