De la guardería ABC al caso Florence Cassez: el peso del Estado

Por Alejandra Spitalier

Este fin de semana por fin pude ver la serie documental sobre Florence Cassez en Netflix. Cada capítulo me hizo recordar la angustia, la ansiedad y el miedo que vivimos desde la ponencia del ministro Zaldívar cuando se nos turnó el asunto. También sentí una satisfacción peculiar de ver aprobado el proyecto que originalmente presentamos; pero, sobre todo, un profundo orgullo me recordó que el precio del valor se paga con poner a tu país en alto.

Por supuesto, también recordé algunos momentos que viví y que no salen en el documental, mismos que me parece que es tiempo de compartir.

¿De verdad el entonces presidente de la República no sabía de las amenazas que sufrió el ministro Zaldívar cuando se propuso la liberación de Florence?

Aquí mi testimonio.

Corría el mes de marzo de 2011, llevaba un año y escasos tres meses como secretaria de estudio y cuenta, coordinadora del equipo del ministro Arturo Zaldívar. Si bien en realidad llevábamos poco tiempo en la Corte, a decir verdad, ya habíamos pasado nuestra novatada con el caso de la “Guardería ABC”; asunto en el que supimos lo que era sentir un recargón del gobierno.

Abro paréntesis sobre el caso “ABC”.

En ese entonces, en el asunto de esta guardería, el secretario de gobernación, con quien Zaldívar llevaba una cercanía suficiente para reconocerla como amistad, litigó el asunto con toda la fuerza para defender a los funcionarios públicos involucrados en el incendio en el que lamentablemente fallecieron 49 niños y más de 70 resultaron gravemente lesionados. Al ver que el ministro no compartía sus alegatos jurídicos, el secretario tuvo que acudir a la memoria de Zaldívar: “Acuérdate quién te designó”, a lo que el ministro contestó “Recuérdale al presidente Calderón que no nombró a un subordinado, sino que postuló a un candidato a ministro”.

Un día antes de presentar oficialmente el proyecto, el ministro Zaldívar me mandó llamar para entregarme tres tantos del documento debidamente firmados por él, y me dijo:

“Si para mañana a las 8:30 am no he llegado a la oficina, pase lo que pase, por favor presentas oficialmente ante la Secretaría General de Acuerdos este proyecto y el otro original lo entregas a los medios de comunicación.”

Con aquella mirada y aquel tono entendí qué significaba el “pase lo que pase”. De inmediato le pregunté si tenía algún dato o información que lo tuviera en alerta; no había nada, solo sabía lo que implicaba y no estaba seguro si el gobierno estaba o no enterado del sentido del proyecto.

Por fortuna, al día siguiente se presentó a la hora prometida sin demora alguna.

El peso del Estado lo conocimos 48 horas después de que se había hecho público el sentido del proyecto en el que Arturo Zaldívar señalaba como responsables de la tragedia, por primera vez en la historia moderna de México, a funcionarios del más alto nivel (entre otros, a un gobernador y a un director del lMSS).

Durante los primeros dos días de saberse el sentido de la propuesta, era tanta la euforia a favor de nuestro proyecto que prácticamente las plumas y las voces de los distintos medios de información eran unánimes en elogios a la valentía de Zaldívar, a los resultados de nuestra investigación y a la esperanza de luz en la historia de la guardería ABC.

Sin embargo, días después todo cambió. Los que habían sido aliados fueron sometidos a la opinión de quien tenía el poder de mando en ese momento. De pronto la valentía del ponente se traducía en irresponsabilidad como jurista. Estoy convencida de que el golpe no fue genuino, fue orquestado y se viralizó. Este giro influyó tanto en la opinión pública que incluso familiares y amigos cercanos cuestionaron que señaláramos como responsables a funcionarios de tan alto nivel.

La historia y el paso de los años le dio la razón a Zaldívar: el Estado fue el responsable de la tragedia en la guardería ABC. Desde entonces lo dijo con claridad y nos lo repetimos diariamente: el servicio público no es un privilegio, es una responsabilidad.

Cierro paréntesis sobre Caso “ABC”.

Regreso a marzo de 2011, con el caso de Florence Cassez.

“Ministro, hoy por la mañana se dijo en las noticias que el asunto de Florence llegaba a la Suprema Corte.”

“Sí, estoy enterado. Por favor investiguen si ya llegó y a qué ministro le corresponde el estudio.”

Cuando supe que nos correspondía el turno para elaborar el proyecto de resolución, palidecí. No podía creer que estaríamos de nuevo en el ojo del huracán. Con cierta angustia corrí a la oficina de Zaldívar y le di la información recién recibida.

“Ministro, vamos a ser los ponentes. Pero me tranquiliza que la procedencia del recurso es prácticamente nula”

A los que Zaldívar respondió: “Puede ser, pero no utilicemos la técnica para frenar a la justicia. Veamos el recurso y arma un equipo con nuestros mejores secretarias y secretarios. Tenemos que ser creativos y responsables.”

Como coordinadora de la ponencia, parte de mis funciones era analizar los expedientes y asignar a las personas responsables de estudiarlos. En este asunto no podía designar a un único encargado; necesitaba penalistas, pero sobre todo constitucionalistas. Se integró el equipo y se repartió el trabajo.

Las primeras aproximaciones al expediente me tenían con el estómago permanentemente revuelto. ¿Qué México estábamos viviendo? El secuestro institucionalizado era una realidad que rebasaba a las clases privilegiadas; todos podíamos ser objeto de un rapto. Asimismo, era escalofriante la forma en la que las autoridades estaban involucradas en temas por demás ilícitos: levantamientos, venganzas, torturas, impunidad, violencia.

Tras un minucioso análisis, Arturo Bárcena, hoy director de la Escuela de Formación Judicial, llegó a proponernos aplicar un precedente norteamericano de lo más reciente: Perry v. New Hampshire, 565 U. S. 228 (2012). En dicho caso se producía un “corrupting effect” que afectaba nuclearmente las pruebas en el juicio. Lo platicó con el ministro Zaldívar, quien de inmediato estuvo de acuerdo en utilizarlo en nuestro proyecto. Ello daba entrada técnica para el análisis del recurso, perturbaba las pruebas y en consecuencia conllevaría la libertad inmediata de la francesa.

La culpabilidad de Cassez no era el tema central del recurso; de lo que se trataba era de analizar si se habían violado sus derechos. No obstante, yo tenía muchas dudas sobre si liberarla era la resolución correcta. Honestamente, mis dudas solo se refugiaban en el miedo. Miedo al enfrentamiento de nueva cuenta con el gobierno, miedo a las venganzas, miedo a formar parte de una historia llena de tortura y crimen. MIEDO.

Bastantes audiencias se llevaron a cabo en la oficina de Zaldívar; abogados, diplomáticos, políticos y activistas. De éstas, la que más me marcó fue la de Eduardo Gallo. Él era víctima del secuestro y asesinato de su hija, por lo que de inmediato pensábamos que traería argumentos para dejar presa a la que todo México reconocía como “la francesa secuestradora”. Menuda sorpresa nos llevamos cuando Eduardo nos expuso información sobre la inocencia de Florence. Entre ello la institucionalización del secuestro y el cómo las autoridades intervenían a su antojo en los asuntos relacionados con el delito, para manipular los hechos   En el caso concreto, nos hizo notar varias de las incongruencias del expediente. Él quería que se terminara el secuestro en México pero eso solo sería procesando a los verdaderos culpables.

La propuesta de resolución que presentamos era creativa, sin precedentes y contundente: ella debía quedar libre. Se presentó oficialmente y, de manera inmediata, el personal ajeno a nuestra oficina lo filtró en la prensa.

El escándalo comenzó. Se levantó un tsunami de voces en contra de la liberación propuesta. El timbre del teléfono de la oficina no cedía; el proyecto era la principal nota en los medios de comunicación. Ya sabíamos que ese era el costo pero, lo que no esperábamos eran las amenazas. Primero en el teléfono de la oficina, mensajes al principio pudorosos que después entendimos que eran entre líneas.

“Por favor que el ministro se acuerde que también tiene una hija”. La gran mayoría advirtiendo que, si se liberaba a la francesa, la familia del ministro Zaldívar sufriría las consecuencias.

Honestamente mi cerebro bloqueó la parte de la detención con armas largas al vehículo en el que iba el ministro con su familia, pero de ello hay testigos obvios.  Lo que recuerdo perfecto fue que un domingo, previo a la sesión del 21 de marzo de 2012 en la que la Primera Sala analizaría el proyecto del efecto corruptor que proponía la liberación inmediata de Florence Cassez, me buscó Zaldívar para contarme que alguien se había metido a su casa pero que él y su familia se encontraban bien.

Según el vídeo y las tomas de las cámaras de seguridad, la intromisión a su domicilio fue tan sofisticada que entraron sin generar ruido alguno y sin activar los mecanismos de seguridad de alarma. El delincuente solamente había entrado con sigilo a tomar dos cosas de su oficina: la computadora y su iPod. Los mensajes eran claros: nos podemos meter a tu casa sin que te enteres y solo queremos información para doblarte.

Al día siguiente, el ministro me explicó en persona que -por cómo se dieron los hechos delictivos-, el agente que ingresó a su domicilio era alguien altamente entrenado. Ese mismo día habló con sus colegas sobre lo sucedido y el entonces ministro presidente Juan Silva se mostró solidario y empático al grado de que él mismo le llamó al presidente Calderón para enterarlo del lamentable acontecimiento.

Momentos después entró una llamada al celular del ministro Zaldívar. Yo estaba presente. Desde mi lado solo fui testigo de un lado de la conversación:

“…Gracias señor presidente. No creo que una denuncia resuelva el problema. Honestamente esto complicará la resolución del asunto que se aproxima y no abonará a condenar a los responsables.”

[…]

“No presidente Calderón, no confío en los cuerpos que integran la Secretaría de Seguridad Pública. Le agradezco el interés de ponerme a un equipo de protección, pero no puedo aceptarlo desde esa dependencia”

[…]

“Sí, en las Fuerzas Armadas sí confío. Le tomo la palabra y acepto protección del estado mayor presidencial”

Desde ese momento el ministro Zaldívar ocupó la protección del Estado Mexicano por los siguientes 3 meses. Con ello, solo me queda preguntarles:

¿No que no sabía?

@alespitalier

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