Respira
Por Laura Pamela Sandoval*
A creadoras de contenido, emprendedoras y dueños de negocios en distintas partes del país les ha llegado una carta con todos los ingredientes para provocar ese pequeño ataque de pánico que conocemos quienes alguna vez hemos recibido una comunicación relacionada con una autoridad: colores que remiten a una institución pública, el Ángel de la Independencia impreso como sello, artículos de ley, números de registro y una cantidad que debe pagarse para evitar consecuencias que nadie quiere averiguar si son ciertas.
La carta no la manda el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, IMPI. La firma Propimex, también identificada en distintas publicaciones como Propimex Legal, un despacho de propiedad industrial que, según han documentado medios y especialistas, ha enviado comunicaciones a titulares de marcas solicitando pagos de varios miles de pesos por gestiones relacionadas con la conservación de sus registros. No son mensajes al azar: incluyen el nombre correcto de la marca, su número de registro, la clase y a veces el logotipo, porque buena parte de esa información es pública por mandato del artículo 232 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que ordena publicar en la Gaceta las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones, ya que un derecho exclusivo difícilmente podría oponerse frente a terceros si nadie supiera que existe. La verdadera sofisticación del esquema no requiere hackear nada, solo leer sistemáticamente lo que el propio Estado ya hace público y convertirlo en cartas personalizadas lo bastante verosímiles como para que alguien prefiera pagar antes que arriesgar una marca que le tomó años construir.
