Respira
Por Ruth Salazar.
Cada vez es más difícil encontrar un buen reportero o reportera, de esos que tienen la curiosidad innata de saber qué hay de verdad en las historias o discursos de políticos y voceros. Y cuando uno surge, se nota en sus cuestionamientos y en la forma en que aborda los temas. El buen periodismo te engancha; uno siempre quiere más.
En sus cursos de investigación periodística, Daniel Lizárraga lo explica bien: los reporteros no deben ser ingenuos con respecto a sus fuentes. “Si alguien nos da información, esa persona tiene algún interés en darla. Por eso es necesario investigar también a las fuentes. ¿Por qué quiere esa persona que sepamos lo que nos va a revelar?”
Encontrar entonces a un reportero que no solo tenga esa curiosidad, sino también la persistencia, paciencia e inteligencia para, por medio de un buen trabajo de reporteo e investigación, lograr utilizar esa información y entregar una historia reveladora, resulta muy gratificante tanto para la sociedad como para su redacción.
Hace unos días, un alto funcionario de la administración estatal de San Luis Potosí declaró que los buenos periodistas deben ser aliados del poder en su tarea de gobernar, y no mentía: revela cuál es en verdad su deseo, periodistas que accedan a no desentrañar sus secretos, que no tengan ni siquiera el deseo de buscar esa información y armar una historia sobre posibles actos de corrupción o ineptitud.
De acuerdo con mi experiencia, lo anterior es la motivación por la cual, casi desde que comenzó el sexenio, algunos funcionarios de las vocerías de prensa, impulsados y alentados por sus jefes, han implementado todo tipo de estrategias para intentar primero influir en el juicio u opinión de las y los buenos periodistas. Si eso no da los resultados esperados, siguen otras estrategias: la seducción por medio del dinero, la cooptación mediante los convenios, así como la intimidación y la amenaza, e incluso algunas prácticas más denigrantes, como el galanteo.
Para quienes hemos observado el uso de estas estrategias, que pueden incluir campañas de desprestigio, despidos o cambios de fuente, bloqueos laborales, amenazas e intimidaciones que rayan en lo criminal, o todas juntas, no nos fue difícil advertir que la siguiente fase sería el acoso judicial o el uso de denuncias contra periodistas como una práctica en la entidad potosina para intimidar, censurar y generar miedo entre los reporteros. Somos, por decirlo así, ese grupo que cree que la ciudad aún no ha visto lo peor.
Es por ello que considero que este tema merece mucha más atención, más aún de la que ya recibió, y considero absurdo que el debate se concentre en quiénes son o no son periodistas, cuando lo que está en juego es la libertad de expresión, así como el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad que se empeñan con gran esfuerzo en ocultar.
Aunque se ha intentado sembrar la narrativa para clasificar a las personas afectadas por los efectos de la Ley Serrano, dividiendo y clasificando entre “periodistas” y “terroristas digitales”, las afectaciones de este tipo de legislaciones, así como las prácticas intimidatorias antes descritas, terminan alcanzando a toda la sociedad.
La discusión no debería centrarse en quién merece o no protección, sino en si estamos dispuestos a normalizar mecanismos legales y políticos que pueden utilizarse para inhibir la crítica, desalentar investigaciones y encarecer el ejercicio de la libertad de expresión.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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