Respira
Por Sophia Huett
Hay descubrimientos que cambiaron la historia de la humanidad: la penicilina, la electricidad, Internet.
Y luego está uno de los descubrimientos favoritos de muchas instituciones: el agua tibia.
Ese momento en el que, después de estudios, diagnósticos, mesas de trabajo y presentaciones de PowerPoint, una organización concluye algo que miles de personas ya sabían desde hace años.
En materia de género, esto ocurre con más frecuencia de la que nos gustaría admitir.
Imaginemos que un banco detecta que las mujeres adultas mayores utilizan mucho menos sus servicios digitales que los hombres de la misma edad. Después de analizar el fenómeno, descubre que muchas tuvieron menor contacto con herramientas tecnológicas durante su vida laboral y enfrentan mayores dificultades para realizar operaciones digitales.
El banco identificó una diferencia relevante. Comprendió que no todas las personas enfrentan las mismas condiciones para acceder a un servicio.
Eso es perspectiva de género.
Pero nada ha cambiado todavía.
Las clientas siguen teniendo dificultades para utilizar la aplicación, dependiendo de terceros y siendo más vulnerables a ciertos fraudes.
La justicia de género aparece cuando ese conocimiento se convierte en acción: cuando el banco simplifica procesos, adapta servicios o genera mecanismos que permitan a esas mujeres operar de forma más segura y autónoma.
La diferencia parece pequeña, pero es enorme.
Con frecuencia utilizamos perspectiva de género y justicia de género como si fueran sinónimos, pero no lo son.
La perspectiva de género es una herramienta de análisis. Permite identificar desigualdades, comprender por qué ocurren y observar cómo determinadas condiciones afectan de manera distinta a mujeres y hombres.
La justicia de género va un paso más allá: consiste en traducir ese conocimiento en decisiones concretas capaces de corregir esas desigualdades.
La primera ayuda a entender el problema. La segunda busca resolverlo.
Lo mismo ocurre en los gobiernos. Una autoridad puede identificar desigualdades, levantar encuestas, generar estadísticas y elaborar diagnósticos que expliquen por qué ciertas personas enfrentan más obstáculos que otras.
Todo eso es importante.
Pero todo eso sigue siendo una perspectiva de género.
La justicia de género comienza cuando ese conocimiento se transforma en políticas, servicios o acciones que eliminan barreras y permiten ejercer derechos en condiciones reales de igualdad.
Y esa diferencia importa porque los gobiernos no existen para producir diagnósticos. Existen para resolver problemas.
Quizá por eso la expresión “perspectiva de género” aparece cada vez más en discursos, programas y documentos institucionales. La escuchamos con frecuencia. Lo que vemos menos son los cambios que deberían derivarse de ella.
Identificar una desigualdad es importante, pero no suficiente.
El problema no es la perspectiva de género. El problema es quedarse ahí.
Ninguna desigualdad desaparece por haber sido identificada. Ninguna barrera se elimina por aparecer en un informe.
El cambio ocurre cuando el conocimiento se convierte en acción.
Tal vez ha llegado el momento de dejar de preguntarnos cuántas instituciones hablan de perspectiva de género y comenzar a preguntarnos cuántas están generando justicia de género.
La perspectiva de género puede descubrir el agua tibia.
La justicia de género tiene la obligación de cerrar la llave.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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