Respira
Por Sophia Huett
Hay una forma muy sencilla de medir la confianza en una institución de seguridad: observar qué ocurre después de una multa.
No después de un operativo exitoso. No después de una detención relevante. No después de un decomiso.
Después de una multa.
Por eso, la ampliación de atribuciones de la Guardia Nacional en materia de tránsito merece más atención de la que ha recibido. Aunque parezca una función menor frente a los desafíos de seguridad del país, podría convertirse en una de las tareas con mayor impacto sobre la percepción ciudadana de la institución.
Durante años, las Fuerzas Armadas han ocupado los primeros lugares de confianza ciudadana en México. La Marina y el Ejército suelen ser percibidos como instituciones eficaces, profesionales y comprometidas con la seguridad del país. En contraste, las policías municipales y las áreas de tránsito aparecen con frecuencia entre las corporaciones que enfrentan mayores niveles de desconfianza.
La explicación más sencilla sería pensar que unas instituciones hacen mejor su trabajo que otras. Pero esa respuesta resulta insuficiente.
Hay un factor que suele pasar desapercibido: la distancia.
Mientras más alejada se encuentra una institución de la vida cotidiana de las personas, menos oportunidades existen para que se acumulen experiencias negativas. La mayoría de los mexicanos nunca tendrá contacto directo con un operativo militar o una acción contra el crimen organizado.
En cambio, millones de personas sí tendrán alguna interacción con una infracción, una revisión vehicular, un accidente de tránsito o una sanción administrativa. Son esos encuentros, mucho más que los grandes operativos, los que terminan moldeando la opinión que la ciudadanía tiene sobre sus autoridades.
Dicho de otra forma: la confianza suele ganarse en los discursos, pero se pone a prueba en la carretera.
La investigación internacional sobre legitimidad policial ha demostrado que las personas no evalúan únicamente los resultados de una institución. También evalúan cómo ejerce la autoridad. Incluso una sanción puede ser aceptada cuando quien la recibe percibe que fue tratado con respeto, imparcialidad y apego a la ley.
Ese será el verdadero reto para la Guardia Nacional.
Las funciones de tránsito colocan a cualquier corporación en uno de los espacios más sensibles del servicio público: donde existe contacto frecuente con la ciudadanía, capacidad de decisión inmediata y consecuencias directas para el tiempo o el patrimonio de las personas.
Y también en uno de los ámbitos donde históricamente han aparecido mayores riesgos de corrupción.
No porque una institución sea más o menos íntegra que otra, sino porque la combinación de discrecionalidad, contacto cotidiano y sanciones inmediatas exige controles especialmente sólidos.
Por eso, el desafío no es únicamente operativo. También es preventivo.
Las mejores prácticas internacionales son conocidas: cámaras corporales, infracciones digitales, eliminación del manejo de efectivo, supervisión constante, auditorías aleatorias y mecanismos sencillos para denunciar irregularidades. Pero hay una herramienta igual de importante: la profesionalización.
Una institución puede tener la razón jurídica y perder legitimidad si sus integrantes no saben explicar una intervención, manejar un conflicto o tratar con respeto a una persona inconforme.
La Guardia Nacional está por entrar a uno de los espacios más visibles de la función pública. Y eso representa una oportunidad.
La oportunidad de construir desde el inicio un modelo de actuación transparente, profesional y supervisado. La oportunidad de demostrar que la cercanía con la ciudadanía no tiene por qué traducirse en desgaste institucional.
Porque, al final, la prueba no será cuántas infracciones se levanten.
La verdadera prueba será si la Guardia Nacional consigue algo que pocas corporaciones logran cuando se acercan a la vida cotidiana de las personas: ejercer autoridad todos los días sin perder la confianza de la gente.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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