Por Thelma Elena Pérez Álvarez*
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En el marco del Mundial de futbol 2026, hemos atestiguado que protestas y demandas de justicia se consideran hechos incómodos que intentan ser desplazados fuera de las narrativas de celebración y éxito que los gobiernos y la FIFA buscan difundir al mundo. 

Este torneo ha revelado cómo una inadecuada administración de crisis puede resultar en la pérdida de credibilidad y en el desperdicio de millones de pesos de dinero público asignado a la construcción de propaganda institucional. 

La exhibición de contradicciones de gobiernos ante los colectivos de búsqueda deja al descubierto que las madres y familias buscadoras resultan incómodas porque encarnan la evidencia del fracaso de instituciones sin disposición para investigar de manera efectiva las desapariciones.

Las fotografías y videos de policías encapsulando, empujando y agrediendo a madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas en la manifestación previa al juego entre Ecuador y México simbolizan el derrumbe del discurso gubernamental fundamentado en libertades y derechos humanos. 

Familiares y madres buscadoras intentaron aprovechar la atención internacional para que el espectáculo del Mundial no diluya la crisis humanitaria que el país enfrenta por casi 135 mil personas desaparecidas y las familias que buscan a sus seres queridos.

El problema estructural de la desaparición y no localización de personas en México incomoda de tal manera a los gobiernos que quienes tienen la obligación de salvaguardar la integridad física y respetar los derechos humanos prefieren ejercer violencia contra madres y familiares de las personas desaparecidas.

Lo anterior evidencia el intento por deslegitimar a las víctimas de la violencia institucional y notifica que quienes luchan por la justicia y llevan a cabo el trabajo que el Estado no quiere hacer son consideradas un obstáculo cuando interfieren con la imagen que el Estado quiere proyectar. 

El Mundial se aproxima a su cierre y, entre los múltiples problemas estructurales que persisten, está una crisis humanitaria y forense sin precedentes que tendrá que continuar administrando un gobierno que evidenció su escasez de congruencia cuando eligió proteger el capital neoliberal y su reproducción social, mediada por el espectáculo y la represión, antes que priorizar la dignidad de quienes merecen verdad y justicia. 

Toca registrar y analizar cómo sostendrán el discurso sobre libertades y derechos humanos, ahora que su incomodidad les llevó a terminar de derrumbar, en cuestión de segundos y ante millones de miradas, el relato sobre el que habían intentado edificar su legitimidad.

*Thelma Elena Pérez Álvarez es docente en comunicación digital, publicidad y marketing en universidades de España y México. Trabaja activamente para que el Estado mexicano garantice el derecho humano a la alfabetización mediática e informacional.


Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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