Respira
Por Yohali Reséndiz
¿Qué harías si después de años de trabajar y aportar para tu jubilación te dijeran que Bursamétrica, la Casa de Bolsa que administra tu fideicomiso, colocó una parte de ese dinero en inversiones cuyos emisores dejaron de pagar? ¿Y cómo reaccionarías si descubrieras que la decisión de entregar la administración de esos recursos a esa institución financiera comenzó a gestarse durante el gobierno de Renán Barrera Concha (o en su licencia cuando dejó a sus aliados) y que, además, los documentos para conocer cómo se manejó tu dinero están reservados?
Pues eso es lo que enfrentan los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida.
Retomo la investigación de mi colega periodista Esteban David Rodríguez, publicada en La Nota. El 3 de octubre de 2024, funcionarios municipales informaron que los tres fondos del Sistema Individual para el Retiro y Jubilación Municipal, el SIRJUM, sumaban mil 300 millones 377 mil 214 pesos. De ese patrimonio, 134 millones 875 mil pesos estaban colocados en instrumentos de deuda privada cuyos emisores habían incumplido desde finales de 2023.
Estos recursos fueron descritos como de difícil recuperación, sin declararlos definitivamente perdidos. El Ayuntamiento presentó una demanda mercantil contra Bursamétrica el 27 de agosto de 2024 y se informó de una denuncia penal relacionada con el fideicomiso.
Pero hay un nombre que no puede quedar fuera de esta historia: Renán Barrera Concha.
Fue durante su administración cuando comenzó a tramitarse la sustitución de Banamex, institución que había administrado el fideicomiso durante casi dos décadas, por Bursamétrica Casa de Bolsa. El Comité Técnico autorizó el cambio en diciembre de 2020 y el Cabildo lo aprobó en junio de 2021, cuando Alejandro Ruz Castro ocupaba interinamente la presidencia municipal, mientras Barrera se encontraba de licencia para buscar la reelección.
Renán regresó a la alcaldía en julio de ese año y, en septiembre, el Comité Técnico aprobó una nueva política de administración de los recursos. Después vendrían las inversiones en deuda privada, los incumplimientos y las dificultades para recuperar una parte del patrimonio.
Por eso, aunque todavía no existe evidencia pública suficiente para atribuirle personalmente la autorización de las inversiones cuestionadas, sí hay elementos para investigar su posible responsabilidad política y administrativa, así como la de los funcionarios que participaron en las decisiones del fideicomiso.
Porque una cosa es que una Casa de Bolsa administre recursos y otra muy distinta que las autoridades municipales puedan desentenderse de la vigilancia sobre el dinero de sus trabajadores.
Ahora bien, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL, destinó 604 millones de pesos a bonos de deuda de la empresa Abengoa. El periódico La Jornada documentó, en su edición del 31 de agosto de 2017, que diputados de una comisión especial del Congreso estatal cuestionaron por qué se habían colocado recursos del retiro de los burócratas en una empresa cuyos problemas financieros ya eran conocidos.
El 19 de septiembre de 2019, el propio Congreso de Jalisco publicó que el director del IPEJAL reconoció ante legisladores que recuperar la inversión en Abengoa, grupo empresarial español dedicado a la ingeniería y construcción de proyectos de energía, agua e infraestructura, sería difícil.
El 20 de mayo de 2025, legisladores propusieron una auditoría externa e independiente a las inversiones del IPEJAL para determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales, además de establecer mecanismos de recuperación.
¿Qué ocurrió después con los 604 millones?
El 17 de febrero de 2026, el periódico NTR Guadalajara reportó que su recuperación era prácticamente inviable y, según los informes del Instituto citados por ese diario, el IPEJAL había reconocido las minusvalías desde 2019. Después de la sentencia de quiebra de Abengoa, en enero de 2023, contrató, junto con otros acreedores, un despacho para atender los adeudos y los procedimientos de quiebra.
El 25 de marzo de 2026 se informó de la vinculación a proceso de Carlos Gabriel “N”, exservidor público del IPEJAL, por su probable responsabilidad en la autorización de inversiones en Abengoa por 344 millones de pesos, realizadas entre 2014 y 2015. Desde luego, su vinculación a proceso no demuestra que el dinero haya regresado al fondo.
Hasta hoy, 13 de octubre de 2026, no existe un saldo oficial público actualizado que permita establecer cuánto de esos 604 millones se recuperó efectivamente.
Mérida y Jalisco tienen una situación parecida, aunque la información revisada no acredita una conexión directa entre sus operaciones. En ambos casos, el patrimonio destinado a garantizar el retiro de los trabajadores quedó expuesto a decisiones financieras cuya recuperación se volvió incierta.
La diferencia es que en Mérida todavía hay preguntas fundamentales sobre la responsabilidad de quienes gobernaban cuando se tomaron esas decisiones.
Y entre ellos está Renán Barrera Concha.
¿Quién propuso sustituir a Banamex por Bursamétrica? ¿Qué criterios se utilizaron para elegir a esa Casa de Bolsa? ¿Qué información recibió el entonces alcalde sobre los riesgos de las inversiones? ¿Qué funcionarios autorizaron las operaciones y quién debía supervisarlas?
Porque no basta con señalar a Bursamétrica como responsable de administrar el dinero. También debe investigarse si las autoridades que tenían la obligación de protegerlo actuaron con diligencia o incurrieron en omisiones que pudieron comprometer el patrimonio de los trabajadores.
Y si Renán Barrera encabezaba el Ayuntamiento cuando se gestó el cambio de fiduciaria y cuando comenzaron las operaciones cuestionadas, resulta indispensable esclarecer hasta dónde llegaba su conocimiento y cuál era su responsabilidad en la supervisión institucional del fideicomiso.
Las autoridades de Mérida y quienes participaron en la administración del SIRJUM deben responder, aunque digan que la información está reservada.
Los trabajadores tienen derecho a saber quién propuso y quién autorizó cada inversión, cuáles fueron los riesgos que se evaluaron, cuándo se detectaron los incumplimientos y qué se hizo entonces.
¿Cuánto dinero se ha recuperado? ¿Cuánto sigue pendiente? Y, quizá la pregunta más difícil de responder, ¿qué posibilidades reales existen de cobrarlo?
Responder debe ser responsabilidad de las autoridades municipales, pero también deben rendir cuentas quienes tomaron las decisiones durante las administraciones anteriores. El Ayuntamiento debe ofrecer información pública suficiente para que los trabajadores puedan evaluar cómo se protegió su patrimonio y qué resultados han tenido las acciones emprendidas.
Detrás de esos ahorros hay años de trabajo, hay la ilusión de una persona que espera jubilarse y sostener sus gastos cuando deje de recibir un salario.
Los trabajadores cumplieron con sus aportaciones. Ahora corresponde a quienes administraron y supervisaron ese patrimonio explicar qué hicieron con él.
Renán Barrera no puede ser declarado responsable sin una investigación que lo acredite, pero tampoco puede quedar fuera del escrutinio simplemente porque las pérdidas se hicieron públicas cuando ya no ocupaba la alcaldía.
Las responsabilidades no desaparecen cuando termina un periodo de gobierno. Y mucho menos cuando lo que está en juego es el dinero con el que cientos de trabajadores esperan vivir su vejez.
Son las reglas: quien administra dinero ajeno debe rendir cuentas y, si se acredita que causó un daño patrimonial, enfrentar las consecuencias.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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